Condenadas otra vez las empresas responsables de vuelo del 'Yak-42'

El segundo juicio civil por el accidente del Yak-42 ha tenido el mismo resultado que el primero. El Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza ha condenado a las empresas responsables de vuelo del avión de transporte que se estrelló en Trabzon (Turquía) cuando regresaba de Afganistán provocando la muerte de 62 militares españoles el 26 de mayo de 2003.

La cuantía de la indemnización que deberán abonar la aerolínea Ukranian Mediterranean Airlines (UM Air) y el contratista que actuó de intermediario con la OTAN, Chapman Freebornserá será algo superior a los seis millones de euros. En el primero juicio se les impuso una sanción mayor, superior a los diez millones. La diferencia se debe a que la aseguradora ya ha abonado 75.000 euros por familia, por lo que se ha descontado en la actual sentencia.

En concreto, el juez ha dictaminado que las viudas cobren 60.000 euros, cada hijo 30.000 y los padres 8.500 euros salvo que el fallecido no estuviera casado, en cuyo caso percibirán 30.000 euros. Además, el tribunal ha incluido una indemnización de 3.000 euros para los hermanos de los militares como compensación por el daño moral padecido.

La sentencia es recurrible pero ejecutiva y reitera, una vez más, que el avión nunca debió despegar, algo que ya indicaba la primera resolución judicial que debió ser anulada por defecto de forma.

El primer juicio civil por este caso se celebró en una sala especial habilitada en la Feria de Zaragoza los días 24 y 25 de enero de 2006 y las familias solicitaron unos 60 millones de euros en indemnizaciones a las tres compañías, aunque finalmente el juez condenó a las empresas a pagar una indemnización de más de diez millones de euros a los familiares. En aquella ocasión las tres empresas no comparecieron en el juicio, al alegar que no se les había notificado la demanda. Ese defecto de forma provocó que el juicio fuera anulado y tuviera que ser repetido.

Durante el actual proceso también ha habido problemas con una de las compañías responsables, la contratista Chapman Freeborn, cuyo representante no se presentó ante el tribunal cuando le tocaba, el primer día del juicio. Sí lo hizo al día siguiente y reconoció, entre otras cosas, que el vuelo era civil y que no inspeccionaron el avión. Sin embargo, los abogados de la compañía alegaron que "en la mayoría de los casos" no se había podido probar la condición de familiares de los denunciantes con los militares fallecidos, lo que provocó la indignación de las víctimas.

La responsabilidad penal, ante el Supremo

Por otro lado, el próximo día 17 el Tribunal Supremo verá el recurso por los tres años de cárcel a los que condenó la Audiencia Nacional al general Vicente Navarro por las identificaciones erróneas de 30 de los 62 cadáveres del accidente, además de un año y medio al comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez en concepto de cómplices.

Los familiares de las víctimas interpusieron un recurso de casación ante el Supremo en el que expresaba su discrepancia con los razonamientos y disposiciones realizados en la sentencia de la Audiencia al apreciar dos delitos continuados de falsedad por parte de los tres condenados que conllevarían "mayores penas de las impuestas y una responsabilidad civil por el daño causado superior a la atribuida".

Además, la Audiencia Nacional verá el próximo día 18 los recursos en otra de las patas del caso, la que trata de determinar la responsabilidad penal en la contratación del vuelo. Grande-Marlaska, que en principio archivó el caso pero que fue obligado por la Sala de lo Penal a reabrirlo, imputó a seis altos mandos del ejército por homicidio imprudente, entre ellos quien era jefe de la cúpula militar en el momento del accidente, el almirante general Antonio Moreno Barberá.

El tribunal deberá decidir si imputa a alguien más en la causa, entre los que podría estar el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, al que Marlaska dejó fuera.