Condenado un magistrado de Las Palmas por favorecer a un 'narco'

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) condenó ayer al ex presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas José Antonio Martín a un año y seis meses de inhabilitación en el ámbito judicial y a una multa de 30 euros por día durante ocho meses por asesorar a un narco al que él iba a juzgar, en 2005. Además, intercedió a su favor ante sus dos compañeros de sala y ante el fiscal antidroga.

Uno de los tres magistrados del TSJC, Javier Varona, emitió un voto particular discrepante del fallo, al considerar que su compañero no cometió delito y que debe quedar absuelto.

La Sala condena al ex presidente de la Audiencia por un delito de actividades prohibidas a funcionarios, castigado en el artículo 441 del Código Penal. El texto reconoce que Martín no persiguió con su acción un lucro ilícito, pero advierte que su asesoramiento a los familiares y conocidos del narcotraficante Rafael Bornia "comprometió la imparcialidad del presidente de la Audiencia de Las Palmas, menoscabó su deber de exclusividad y provocó una interferencia entre los intereses privados y de naturaleza pública".

El juez le orientó para obtener la libertad con fianza que él iba a decidir

El empresario Wilebaldo Luis Yanes también ha sido condenado a ocho meses de inhabilitación para cargo público y a una multa de 30 euros por día durante cinco meses por cooperador necesario en el delito cometido por José Antonio Martín.

Los hechos probados demuestran que Martín dio instrucciones a Yanes sobre cómo debía actuar el narcotraficante para obtener la libertad con fianza en una causa en la que el propio José Antonio Martín era el magistrado presidente. Martín hizo más. Preguntó al fiscal antidroga si podía modificar su criterio y solicitar la libertad del narco, interesó una petición de libertad, que también fue rechazada, y en la deliberación de la sala sólo él votó a favor del acusado.

Además, ocultó a sus compañeros de mesa que mantenía contactos con la familia de Bornia, que fueron conocidos tras los pinchazos telefónicos autorizados para otra causa que nada tenía que ver con este caso: la trama eólica, una red de intereses políticos y empresariales descubierta en la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias bajo la responsabilidad de Luis Soria, hermano del presidente del PP en Canarias, José Manuel Soria. Este último es ahora vicepresidente económico del Gobierno regional.

José Antonio Martín fue apartado provisionalmente de la presidencia de la Audiencia de Las Palmas el 19 de enero de 2006 y expedientado por el Consejo General del Poder Judicial.