Condenas creativas para 'ovejas negras'

Al final, se decide por "Manolo". No quiere dar su nombre verdadero y medita un alias durante toda la entrevista. También le cuesta explicar por qué está donde está, cumpliendo una condena de 50 horas en beneficio de la comunidad,en el local de la asociación que ejecuta en Granada las medidas judiciales de medio abierto, Imeris: "Estaba con mi hermano mayor en El Corte Inglés y se metió un móvil en el bolsillo. Nos pilló el de seguridad y...". Manolo tiene 17 años, le quedan unos días para cumplir 18 y seis horas para saldar su cuenta con Emilio Calatayud, el juez de menores de Granada, cuyo alias, éste elegido por las madres de los chavales que han pasado por sus manos es "padrazo".

"Los menores que delinquen ya no son marginales: cada vez hay más clase media"

- ¿Crees que volverás a pasar por el juzgado?

- Nooo. Paso de volver. Tengo un puñado de amigos en reformatorios y están amargados. Sólo los veo cuando salen de permiso.

Menos del 5% de los menores que han cometido un delito termina en un internado. La mayoría de los casos se resuelven con prestaciones en beneficio de la comunidad (casi 5.500 sentencias en España en 2005) o un tiempo de libertad vigilada (algo más de 6.000). Calatayud resuelve una media de 900 casos al año. En toda su carrera, 26 años como juez y 18 con menores en Granada, sólo ha internado a 80. "Con lo que cuesta cada día un chaval en un centro, más de 200 euros, pagas un equipo de educadores que le den la vuelta", dice.

Manolo no está interno pero tiene que acudir tres veces a la semana a Imeris. En su caso, la prestación al beneficio de la comunidad consiste en asistir a talleres de autocontrol, resolución de conflictos y habilidades sociales. En una pizarra del centro hay una lección sobre qué hacer cuando alguien te mira fijamente. Hay varias recomendaciones escritas, como por ejemplo, apartar la mirada, pero Manolo escoge la única opción que no está: "yo no la quito, eh".

Cada vez que salen de una habitación, los trabajadores de Imeris cierran la puerta con llave. Resulta visiblemente incómodo para ellos, pero también necesario. "Nos mangaban los monederos y se llevaban los portátiles", explica María José Espigánez, psicóloga. Depende de donde se mire, el centro parece un club de jóvenes, con las fotos de acampadas y declaraciones de amor en las paredes, o lo que realmente es, un centro de ejecución de medidas judiciales con carteles que recuerdan que está prohibido llevar joyas y anillos porque "hay quien no diferencia entre un adorno y un arma".

Las medidas de prestaciones en beneficio de la comunidad no pueden imponerse sin el consentimiento del menor. La mayoría de las veces, el fiscal, los psicólogos y el chaval se ponen de acuerdo y no hay que ir a juicio; el juez da el visto bueno y el equipo de psicólogos comienza a buscar el centro más adecuado para que el menor cumpla la medida acordada. "Se trata de que la prestación tenga una relación lo más directa posible con el delito cometido, explica Félix Pantoja, vocal del CGPJ y ex fiscal del menor. "Imponer un castigo, pero que no esté basado en la venganza, sino en la reinserción".

Calatayud ha exprimido al máximo esa filosofía de trabajo. No es el único juez de menores de España que emite este tipo de sentencias, por supuesto, pero el carácter creativo de algunas de ellas le han hecho célebre. Obligó a un joven senegalés a aprender a hablar, leer y escribir en castellano por vender discos pirata en la calle (delito contra la propiedad intelectual); condenó a un chico que se había pegado con otro porque le miraba mal a limpiar espejos. Los que conducen borrachos o sin seguro saben que pasarán una temporada en la unidad de tetrapléjicos de un hospital por prescripción del juez. Calatayud se he hecho famoso, pero la celebridad le ha traído tantos fans como enemigos.

-A los que le critican por blando y piden mano dura, ¿qué les dice?

-Les digo que se pongan en el lugar de los padres del menor. Ninguno estamos libres de que nos llamen un día para decirnos que nuestro hijo ha hecho una barbaridad.

En la misma línea, Isabel Umbert, de la Junta de Andalucía, asegura: "Los menores que delinquen ya no son chavales de entornos marginales. Cada vez vienen más de clase media, son más jóvenes y hay más chicas".

Calatayud cree que no - "No es tanto como se dice"- pero cada semana sale a la luz un nuevo caso de matonismo escolar, como el de la pandilla de chavales de Sevilla condenados a trabajar 60 horas en un centro para jóvenes con síndrome de Down por humillar a una compañera que padecía esta enfermedad. "No hay que dramatizar, ni demonizar al chaval. Son cosas de la presión del grupo", asegura Alberto Carmona, presidente de Asedown, asociación que se ha ofrecido a acoger a los condenados.

"La implicación de la familia es fundamental. Si los padres pasan y piensan, bueno, que le castiguen y ya está, las posibilidades de éxito son mucho menores", asegura Medina. Manolo acaba de comentarle a los suyos que quiere ingresar en las Fuerzas Armadas: "En la infantería mecanizada, reparando tanques y eso. Me han dicho que p'alante".