El Congreso aplica de forma laxa y opaca las compatibilidades

El Pleno del Congreso aprobará antes de 2009 un nuevo dictamen de la Comisión del Estatuto del Diputado declarando compatibles las actividades privadas de un buen número de parlamentarios. En ese informe se incluirán a los 67 a los que se han pedido aclaraciones y a los que desde su último informe han pedido permiso para otras actividades.

Todos los informes son secretos, ni siquiera se detallan en el Pleno en el momento de votar, no figuran en el Diario de Sesiones y se votan a puerta cerrada. Es decir, los diputados aprueban a ciegas en el pleno el dictamen reservado que les llega de la Comisión. Si ésta tuviera dudas se limitaría a pedir al diputado en cuestión que optara entre el escaño y la actividad. Sin embargo, la Comisión no tiene capacidad de investigación y debe aceptar lo que alega el diputado y, además, la práctica parlamentaria ha sido la de una aplicación laxa de la Ley Electoral. La barrera es que no se perciban otros ingresos de la Administración.

La ley Electoral habla dos veces de "dedicación absoluta", pero permite actividades privadas, con autorización previa. Establece un catálogo de actividades prohibidas, tan genéricas como "asesoramiento ante organismos públicos". No obstante, el Congreso ha admitido reiteradamente la práctica de la asesoría fiscal, a pesar de podría entenderse que esa función entra en esa prohibición.