El Congreso sanciona la ley que reforma el Constitucional y el PP anuncia recurso

La norma da entrada a las autonomías en el alto tribunal y restringe los recursos de amparo

Madrid - 16 mar 2007 - 00:00CET

Sin consenso entre los dos partidos mayoritarios fue aprobada ayer en el Congreso la reforma de una de las leyes "troncales" del ordenamiento jurídico, como la definieron varios diputados: la del Tribunal Constitucional. Todos los grupos, salvo PP, PNV y Mixto, apoyaron una norma que pretende paliar el "colapso" del tribunal -limitando los recursos de amparo- y que, por primera vez, da entrada a las autonomías en su composición. El popular Ignacio Astarloa anunció que recurrirá por inconstitucional este artículo de la ley, y Ramón Jáuregui (PSOE) acusó al PP de no querer entenderse con nadie.

"Esta ley ha sido una batalla librada entre los dos grandes partidos". La descripción la hizo Aitor Esteban, diputado del PNV, y, a juzgar por la sesión plenaria celebrada ayer en el Congreso, la batalla es campal y la paz queda lejos. El texto -que ahora pasará al Senado- recibió los votos favorables de PSOE, IU-ICV, ERC, CiU y Coalición Canaria; en contra votaron el PP, el PNV y el Grupo Mixto, aunque por razones bien distintas. Los populares la consideran desmembradora y oportunista; el Grupo Vasco y el Mixto pidieron en vano el blindaje de las leyes forales o autonómicas, que ahora "pueden ser suspendidas cautelarmente cada vez que el Gobierno las recurre".

El Constitucional acumula 12.000 recursos de amparo -los que presentan quienes creen que una resolución judicial o administrativa ha vulnerado sus derechos fundamentales- pendientes de resolución. Y en ese "colapso" -en el diagnóstico están de acuerdo todos los grupos- está el origen de la reforma. Cómo ponerle remedio es otra cuestión.

El texto aprobado ayer establece que el alto tribunal sólo admitirá los recursos que tengan "especial trascendencia constitucional"; el resto será resuelto por el poder judicial "ordinario", que culmina en el Tribunal Supremo. Y, además, los que vea el Constitucional podrán estudiarlos las secciones, no sólo las salas.

"Eso abre la posibilidad de que se creen 17 sistemas distintos de protección de derechos fundamentales. Es un retroceso en el sistema de garantías", argumentó el portavoz de Justicia del PP, Ignacio Astarloa, que reclamó una normativa paralela para fijar cómo resolverán los recursos los juzgados ordinarios. Su exposición fue tildada de "melodramática" por el socialista Ramón Jáuregui, que a renglón seguido explicó: "Había una petición angustiosa por parte del tribunal, había que hacer frente a la situación [de colapso]".

Reivindicación nacionalista

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Pero el artículo más novedoso es otro, el 16, que por primera vez da entrada a las comunidades en la composición del Constitucional. De los 12 magistrados que integran el tribunal, cuatro son designados por el Senado, y la nueva ley establece que serán elegidos entre los que propongan las 17 comunidades autónomas. "Eso es inconstitucional", dijo Astarloa sin explicar por qué, "y lo vamos a recurrir". "Se cede a una vieja reivindicación nacionalista. Díganme, ¿qué comunidades primarán sobre las demás [para pasar de 17 propuestas a cuatro magistrados]? Porque Cataluña ya está reclamando su cuota", advirtió el popular.

La novedad, en efecto, fue aplaudida por los grupos nacionalistas catalanes. Jordi Jané, de CiU, la calificó de "muy positiva aunque insuficiente", y Agustí Cerdà, portavoz de ERC, subrayó que la composición del Constitucional es "clave" para su grupo porque se trata del tribunal que dirime "los conflictos territoriales y de interpretación de la Constitución". Jáuregui, no obstante, se negó a calificar el artículo de victoria nacionalista: "Se aplica a todas las autonomías", subrayó. Para Gaspar Llamazares (IU-ICV), la ley "avanza en el equilibrio entre Administraciones".

Las 40 enmiendas presentadas por el PP fueron rechazadas, incluida la principal, que pedía la recuperación del "recurso previo" para poder suspender cautelarmente las leyes que se encuentren recurridas ante el Constitucional. "La experiencia de esta legislatura, lo ocurrido con los Estatutos, demuestra que ese recurso previo es necesario", dijo Astarloa. "Ese mecanismo se suprimió en 1985 porque judicializaba la política: las minorías lo usaban para bloquear la acción de Gobierno", le respondió Ramón Jáuregui.

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo (derecha), conversa con el titular de Defensa, José Antonio Alonso.EFE

"Cacicada legislativa"

Debate aparte mereció ayer la enmienda pactada por todos los grupos -salvo PP y PNV- hace diez días e introducida in extremis en la nueva Ley del Tribunal Constitucional, para indignación de los populares. Se trata de la modificación del artículo 16, que a partir de ahora establece lo siguiente: cuando el fin del mandato de la presidenta no coincida con la renovación parcial del tribunal -que se hace cada tres años-, el mandato quedará automáticamente prorrogado.

Una "cacicada legislativa", un "escándalo", una "manipulación oportunista" y la prueba palpable de que el nuevo ministro, Mariano Fernández Bermejo, pretende "instrumentalizar la justicia" y abortar los consensos entre PP y PSOE, afirmó con enfado el popular Ignacio Astarloa. "Una sorpresa de última hora con la que pretenden blindar sine díe a la actual presidenta, María Emilia Casas, aliada segura para evitar que prosperen los diversos recursos interpuestos en esta legislatura", denunció el diputado, que ha rebautizado la norma como Ley Casas.

"Eso es una injuria. La prórroga del mandato es algo que se ha hecho siempre en la práctica, sólo lo elevamos a rango de ley", se defendió el socialista Ramón Jáuregui, que añadió: "¿Consensos? Cuando dos quieren, se entienden. El PP no quiere entenderse".