El Consejo de Europa acusa al Gobierno de no hacer lo suficiente para combatir la corrupción

Un dictamen del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, denuncia el incumplimiento por parte del Gobierno español de algunas recomendaciones en materia de lucha contra la corrupción. El dictamen, fechado el 26 de junio de este año, acusa al Ejecutivo de José María Aznar de carecer de una estrategia global y multidisciplinar para combatir la corrupción y de falta de dotación de la Fiscalía Anticorrupción, y censura la dependencia del fiscal general del Estado con respecto al Gobierno. El texto se debatirá en el plenario en otoño.

El dictamen del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), constituido en el seno del Consejo de Europa y al que España se adhirió en 1999, ha sido enviado al Ministerio de Justicia para su contestación y se abordará, una vez remitida ésta, en el plenario del GRECO el próximo otoño. El informe anterior, de junio de 2001, también se mostraba crítico con el cumplimiento del Gobierno español de las recomendaciones del GRECO.

Los autores del dictamen -Mato Blazanovic (funcionario del Ministerio de Interior de Croacia) y Joseph Gangloff (funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos)- destacan que "España no tiene una estrategia global y multidisciplinar que implique a diversas autoridades para prevenir mejor, detectar y perseguir los delitos de corrupción". También denuncia insuficiencias para poder investigar la extensión y la tipología del fenómeno de la corrupción en España.

En un terreno más preciso, el dictamen del GRECO destaca que "no se ha reforzado la Fiscalía Especial Anticorrupción, dotándola de más recursos necesarios y, sobre todo, de más efectivos humanos con el fin de permitirle cumplir con sus tareas más eficazmente".

Denuncia asimismo que las fiscalías anticorrupción no se hayan establecido, al menos, en las grandes ciudades, destinando a ellas a fiscales con formación especializada y asistidos por policías y funcionarios con especialización y experiencia en este tipo de delitos. El dictamen aborda, asimismo, de forma crítica el papel de la Fiscalía General del Estado. Denuncia el GRECO que siga dependiendo del Gobierno y no se garantice en España que el poder del Ejecutivo sobre el fiscal general del Estado sea ejercido de forma transparente. Tampoco se garantiza, según el dictamen, que las instrucciones del fiscal general del Estado a los fiscales "sean siempre públicas y dadas por escrito, para garantizar la independencia de los miembros del Ministerio Fiscal".

Respecto a la Fiscalía Anticorrupción, el dictamen subraya que no se la ha dotado de las mismas facultades y capacidades de investigación que tiene, por ejemplo, la Fiscalía Especial Antidroga a la hora de obtener información económica del sector privado.

El informe también llama la atención porque el fiscal general del Estado mantenga competencias para decidir cuándo se investiga a una persona y cuándo no. A juicio de los autores del dictamen, estas competencias no están debidamente controladas en España y no se adoptan de forma transparente y justificada.

Por último, destaca que no se ha aprobado un Código de Conducta Nacional para los funcionarios, recomendado por el Consejo de Europa, que permita obtener informes sobre actos de corrupción detectados así como del nivel de cooperación con las autoridades encargadas de investigar y perseguir los asuntos de corrupción.

El dictamen coincide en el tiempo con las declaraciones del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, en las que ha abogado por la supresión de la Fiscalía Anticorrupción. A juicio de Cardenal, todos los fiscales están capacitados para desarrollar tales actuaciones. El responsable del PSOE de Justicia y Libertades, Juan Fernando López Aguilar, replicó ayer que "es una irresponsabilidad que Cardenal proponga la desaparición de esta Fiscalía en un momento en que la corrupción está rampando en Europa y en España". El Ministerio de Justicia no ha querido pronunciarse sobre el dictamen.