Consideraciones a un arzobispo
El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Madrid, Su Eminencia el cardenal Antonio María Rouco, y algunos de sus colegas en el Colegio Cardenalicio se han referido en diversas ocasiones a la Iglesia perseguida, como si ésa fuera la situación que se viviera en nuestro país. La aparición con sus vestiduras talares de los obispos en manifestaciones callejeras ha sido frecuente en la anterior legislatura y ya se anuncian nuevas convocatorias en relación a distintas medidas legislativas en vigor, como la asignatura de "Educación para la Ciudadanía", o de proyectos que modificarían la actual regulación sobre el aborto. Pero esa etiqueta de "Iglesia perseguida" se compadece mal, por ejemplo, con la consideración de General de División que se ha concedido al excelentísimo y reverendísimo señor don Juan del Río Martín, Arzobispo Castrense de España, sobre la que más adelante volveremos.
Con Zapatero, "la Conferencia Episcopal ha alcanzado sus últimos objetivos económicos"
Entre tanto, el Gobierno socialista del abominado José Luis Rodríguez Zapatero ha sido muy diligente colmando las aspiraciones de la CEE en el plano de la financiación al elevar del 0,5 al 0,7 el porcentaje de la cuota líquida a ingresar del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que los contribuyentes pueden asignar a la Iglesia, sin que suponga recargo alguno para quienes así lo decidan. La cuestión es que si bien las encuestas del CIS registraban en 2007 que un 78% de los españoles se declaraban católicos, a la hora de marcar con una cruz la casilla que destina fondos a la Iglesia sólo lo hacían una tercera parte de los mismos.
Como reconocía el responsable de asuntos financieros de la Conferencia Episcopal y decano de la Facultad de Economía, profesor Fernando Jiménez Barriocanal, bajo los Gobiernos de Aznar todo eran cortesías verbales pero el avance real en el plano de los dineros era ninguno, mientras que ahora con el presidente Zapatero "la CEE ha alcanzado sus últimos objetivos económicos". Además, tan relevantes logros se han obtenido sin dejarse pelos en la gatera. Es decir, sin reducir los niveles de agresión practicados desde la bendita emisora episcopal, a cuya antología de insultos hizo referencia en estas páginas del diario EL PAÍS el profesor Joaquín Roy (véase columna titulada Entre un gilipollas y una negra resentida publicada en la edición del pasado 4 de septiembre). La siembra del odio y del antagonismo entre españoles sigue siendo la labor apostólica más destacada de la Cadena con los frutos magníficos que ya se empiezan a recoger.
Enseguida nos entregaremos a preparar con el debido celo, sin cicatería alguna, la venida de Su Santidad el Papa Benedicto XVI a España para presidir un gran encuentro anunciado y es seguro que las autoridades y los fondos del erario público cooperarán de modo decidido a su mayor esplendor. Otra cosa es que las palabras que nos reserve el Sumo Pontífice tengan poco que ver con las pronunciadas en su reciente visita a Francia donde ha tratado del laicismo positivo, un esquema que nosotros por nuestra inmadurez tenemos fuera de alcance. De España la Sede Apostólica quiere otra cosa bien distinta y mientras tanto los obispos nativos seguirán inflamados en la defensa de sus ventajas históricas. Como escribió Cyril Connolly (véase Obra selecta. Editorial Lumen, Barcelona 2005) "la Iglesia, cuando ha sido lo bastante fuerte para hacerlo, ha traicionado sus principios espirituales".
Recordemos que en los tanteos preelectorales de 2007 se escucharon algunas bravatas socialistas sin sentido a propósito, por ejemplo, del proyecto de suprimir los funerales de Estado, que fueron desmentidas por quienes eran mayores en edad, saber y gobierno. Pero sucede que un repaso exhaustivo al Derecho Eclesiástico del Estado permite comprobar que esa figura de "funerales de Estado" no existe en el ámbito legal. Fue uno de esos inútiles combates fantasmales emprendidos mientras se dejan pasar ocasiones preciosas para que las cosas queden en su sitio. Así se habló también de la reforma de la Ley de Libertad Religiosa, con un texto impecable, mientras se garantizaba la intangibilidad de los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede de 4 de diciembre de 1979, negociados antes de la Constitución como por todas partes se hace notar, que están reclamando con urgencia nueva redacción.
Volvamos a la consideración de General de División concedida al Vicario General Castrense de España y observemos que el Acuerdo sobre Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas en ninguno de sus siete Capítulos ni de sus dos Anexos menciona que deba concederse esa consideración de General de División al arzobispo titular del citado Vicariato. Si se tratara tan sólo de señalar una equiparación retributiva debería hacerse de otro modo para evitar confusiones fuera de lugar. El Gobierno ha renunciado otra vez a las tareas para las que es competente. ¿Por qué?
