El Constitucional se plantea pedir a las partes opinión de las recusaciones
Hernando dice que el pleno convocado para salir del bloqueo es "acertado"
El Pleno de diez magistrados del Tribunal Constitucional que debe examinar las recusaciones de cinco de sus integrantes se perdió ayer en cuestiones preliminares y no llegó a ninguna conclusión sobre la admisión a trámite de ninguna de las impugnaciones. Dentro de un ambiente tenso propiciado por las informaciones de los últimos días, los magistrados se saltaron el orden del día, no efectuaron votación y se plantearon tomarse el resto de la jornada para reflexionar sobre cómo salir del atolladero de las recusaciones.
No obstante, y a la vista de la insólita situación de que cinco magistrados tengan que asistir al Pleno en que se dilucida la admisión de sus propias recusaciones, los reunidos se plantearon la posibilidad de consultar a las partes -Gobierno, Partido Popular, Congreso y Senado- sobre su opinión acerca de cómo resolver las recusaciones trasladándoles los escritos que se han cruzado en los últimos días. Sobre el fondo de la cuestión, fuentes de ambos sectores consultadas por este periódico coincidieron en que "todo está en el aire".
En el orden del día establecido por el presidente en funciones, Vicente Conde Martín de Hijas, estaba previsto examinar en primer lugar la admisión de las recusaciones del PP contra los magistrados progresistas Pascual Sala, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps y a continuación las del Gobierno contra los conservadores Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata.
Sin embargo, el magistrado conservador García-Calvo presentó al presidente Vicente Conde un escrito en el que sostiene que las recusaciones deben verse cronológicamente, por orden de presentación. Es decir, que en su opinión deberían verse primero las del Gobierno contra Rodríguez Zapata y él mismo, puesto que se presentaron antes que las del PP.
Eso permitiría que García- Calvo y Rodríguez-Zapata se ausentaran del Pleno de diez magistrados y no incurrieran en ninguna eventual irregularidad, puesto que con los ocho restantes habría quórum para ver sus recusaciones. El problema surge con las recusaciones del PP, porque al tener que salir tres jueces del Pleno, no habría quórum para verlas.
Criterio cronológico
Sin embargo, según las fuentes consultadas, García Calvo se limitó a expresar su criterio cronológico pero añadió que, en aras del acuerdo en el Tribunal, aceptaría el orden establecido por el presidente en funciones. Este juez conservador también aportó otro escrito en el que defiende que las recusaciones deben verse individualmente, dado su carácter personal y su tratamiento paralizante del procedimiento.
No obstante, no se agotó el debate sobre esta propuesta, sobre la que no hubo ninguna decisión. Seguidamente se examinó la posibilidad de dar traslado a las partes de los escritos sobre los que el presidente Vicente Conde ha abierto una pieza de consulta.
Dichos escritos son la carta de Vicente Conde explicando al Pleno de 10 magistrados los motivos de la convocatoria -pese a que carece de base legal precisa, obliga a los magistrados a ver sus propias recusaciones y contradice otros precedentes del propio Tribunal-; las respuestas por escrito a Vicente Conde, en la que todos los magistrados menos los conservadores García-Calvo, Rodríguez-Zapata y Ramón Rodríguez Arribas se muestran de acuerdo con la convocatoria y la carta de seis magistrados desmintiendo los motivos sobre los que se sustentan las recusaciones del PP.
El Pleno, al que no asisten ni la presidenta, María Emilia Casas, ni el vicepresidente, Guillermo Jiménez, por haberse estimado sus abstenciones, proseguirá a las 10 de esta mañana.
Por su parte, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco Hernando, declaró ayer que la decisión del presidente en funciones del Pleno del Constitucional, Vicente Conde, de convocar a todos los magistrados, incluso los recusados, es "acertada" con vistas a que el órgano "no quede en una situación de bloqueo".
Hernando señaló que las recusaciones presentadas por PP y PSOE contra varios magistrados del Tribunal Constitucional son "una fórmula legal legítima" y "un remedio para apartar a quien se cree que está contaminado".
