El Constitucional aprueba un recorte moderado que permite aplicar el Estatuto

El Tribunal Constitucional alumbró al fin, a media tarde de ayer, su sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. Un fallo seguramente histórico, por su simbología política, y también el más polémico y complicado en la vida del alto tribunal. El Constitucional logró el acuerdo justo a un mes de cumplirse los cuatro años desde que el 31 de julio de 2006 el Partido Popular impugnase 114 artículos del Estatuto de Cataluña .

La sentencia, "muy defendible" y que deja "incólume" el Estatuto, según valoró uno de los magistrados del sector progresista, fue conseguida por la presidenta, María Emilia Casas, que actuó además como ponente en este séptimo intento de fallo, tras los fracasos de sus antecesores. Para llegar a ese pacto, Casas mantuvo arduas negociaciones con los magistrados Manuel Aragón (progresista) y con el vicepresidente Guillermo Jiménez (conservador).

Cataluña como nación

El fallo es prácticamente el mismo que el anticipado por este periódico en abril, relativo a la ponencia de Elisa Pérez Vera. No obstante, el sector progresista ha tenido que ceder ahora ante el magistrado Manuel Aragón para que se incorporase al fallo, como primer pronunciamiento, que "carecen de eficacia jurídica interpretativa las referencias del Preámbulo del Estatuto a Cataluña como nación y a la realidad nacional de Cataluña". Y se deja fuera del fallo la referencia explícita a la "indisoluble unidad de la Nación española" del artículo 2 de la Constitución.

La ponencia de María Emilia Casas contenía 14 tachas de inconstitucionalidad en artículos y otros 27 preceptos que deberían ser reinterpretables.

Pero lo que estaba claro ayer en el Tribunal es que había ambiente de sentencia, tras conocerse que se podría llegar a un acuerdo si no se torcían las cosas. El pleno se inició a las 11 de la mañana, y a las 11,20 los magistrados salieron y se dirigieron a sus despachos. La ponencia de la presidenta seguía "viva", aunque no se había votado, pero Casas tenía que introducir algunos cambios. La presidenta introdujo esos cambios, que mayoritariamente suavizaban los artículos reinterpretados, y redistribuyó la ponencia antes de comer. A los magistrados les llevaron la comida al tribunal y repasaron los cambios hasta las cinco de la tarde. A esa hora volvieron a reunirse y comenzaron las votaciones.

La sentencia se votó por bloques. El primero y más delicado fue el referido al Preámbulo del Estatuto, que perdió el bloque progresista. Los conservadores, con el apoyo del progresista Aragón (siempre renuente a la validez del Preámbulo), se alzaron con la mayoría en esta votación sobre uno de los aspectos más polémicos del Estatuto y cuyo cuestionamiento ha creado mayor resquemor en los partidos catalanes y que fue bandera del recurso del PP.

En el segundo bloque, en el que se decidían los preceptos inconstitucionales, -y en el que se prevía una votación por unanimidad- ocho magistrados frente a dos -Javier Delgado y Jorge Rodríguez Zapata- votaron por la inconstitucionalidad de 14 artículos. De los artículos declarados no ajustados a la ley fundamental, ninguno lo es en su totalidad, salvo el 97, que establece la creación de un órgano de gobierno de los jueces en Cataluña similar al Consejo del Poder Judicial.

El tercer bloque fue el de las interpretaciones de artículos de conformidad, aprobado por seis votos a cuatro después de que se introdujesen matices que suavizaban la redacción en sintonía con las tesis de los magistrados progresistas. Finalmente, se sometieron a votación los preceptos considerados ajustados a la Constitución, que fueron rubricados como tales por seis votos a cuatro.

Fuentes del tribunal explicaron que cuatro magistrados del bloque conservador han anunciado su voto particular disidente a la sentencia: Vicente Conde, Javier Delgado, Ramón Rodríguez Arribas y Jorge Rodríguez Zapata. El texto íntegro de la sentencia y los votos particulares se conocerán la próxima semana.

El PP valora que la sentencia del viene a darle la razón