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El Constitucional suspende la consulta soberanista de Ibarretxe

El Gobierno vasco denuncia que el recurso admitido a trámite está fundamentado en "falsedades y mentiras"

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido hoy a tramite los recursos del Gobierno y el PP en contra de la Ley vasca que convoca la consulta popular soberanista del 25 de octubre. Con esta decisión, el Tribunal deja en suspenso tanto la norma como la iniciativa convocada por el lehendakari, Juan José Ibarretxe.

En la impugnación del Gobierno, admitida hoy por el TC, se invoca expresamente el artículo 161.2 de la Constitución, que prevé la suspensión inmediata de la norma recurrida, pero establece que el Tribunal, en su caso, deberá ratificar esa suspensión -que se ha aceptado únicamente respecto de la petición de la Abogacía, aunque también la pidió el PP- o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

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Una vez transcurrido ese tiempo, el TC podría decidir mantener o levantar la suspensión de la ley, pero el Alto Tribunal no tiene plazos para resolver sobre el fondo del asunto, aunque también ha decidido habilitar el mes de agosto para no demorar la decisión, como habían solicitado los recurrentes.

La Abogacía del Estado basó el recurso en tres argumentos: que es el Estado y no el presidente de una comunidad autónoma quien tiene la competencia para convocar una consulta, que el contenido de las preguntas atenta contra la unidad de la nación española y, por último, que la ley de consulta se ha tramitado violando el reglamento del Parlamento vasco al hacer uso del procedimiento de lectura única.

Tras conocerse la suspensión de la consulta, el Gobierno vasco ha denunciado que responde a una "decisión personal" del presidente del Ejecutivo central, José Luis Rodríguez, "haciendo uso de una facultad excepcional que le concede la Constitución", en referencia al recurso interpuesto. Además, fuentes consultadas del Gabinete de Ibarretxe han añadido que "está fundamentada en falsedades y en mentiras" porque la Ley de Consulta no se aprobó "para convocar ningún referéndum que suponga cambio o modificación alguna en ningún precepto constitucional".

Para Vitoria, la consulta "sólo quiere dar la palabra a los ciudadanos para abordar un final dialogado de la violencia y para establecer que las cuestiones políticas les corresponde solucionarlas única y exclusivamente a los partidos políticos", han señalado.

Por su parte, el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha reaccionado a la decisión del Tribunal pidiendo tiempo y un "pronunciamiento" conjunto de los partidos que avalaron esta ley en el Parlamento vasco a excepción del PCTV. "Vamos a respetar los tiempos y en cada uno de los tiempos entendemos que los partidos que hemos avalado la consulta, salvo el PCTV, deberíamos ir pronunciándonos", ha asegurado.

Urkullu, al igual que el Gobierno vasco, ha instado además al Tribunal Constitucional a que se pronuncie sobre el fondo de la cuestión antes del próximo 15 de septiembre, por que de no ser así se entendería que hay una decisión política, no basada en argumentos jurídicos, de impedir que la consulta se pueda celebrar el 25 de octubre.

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