Las Cortes recortan la jurisdicción universal

El Congreso aprobó ayer la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que supone una importante restricción para que los jueces españoles apliquen los principios inspiradores de la jurisdicción universal; esto es, perseguir la impunidad de los delitos más graves. Lo hizo al tiempo que Simon Peres agradecía a Zapatero en Israel el que se frenen los procesos en España contra conciudadanos suyos.

Varios jueces españoles habían investigado crímenes contra la humanidad cometidos en Argentina, Guatemala, Chile y otros países sin ningún problema, pero el Gobierno decidió impulsar una evidente limitación de la jurisdicción universal cuando en la Audiencia Nacional se admitieron querellas contra autoridades israelíes por vulneración de los derechos humanos en Gaza, o contra la Administración estadounidense por el limbo jurídico de Guantánamo o por los vuelos a las cárceles secretas de la CIA. El cambio de la ley fue aprobada por mayoría absoluta con los votos del PSOE, PP, CiU, CC, Nafarroa Bai, UPyD y UPN. Votaron en contra el PNV, BNG y ERC-IU-ICV.

El principal retoque de la ley es que para que los jueces españoles puedan perseguir esos delitos graves se incorpora un requisito que antes no existía y que consiste en que esté acreditado que el presunto autor de los hechos esté en territorio español, que existan víctimas de nacionalidad española o que se constate que exista algún vínculo de conexión relevante con España. Además, no debe haberse iniciado otro proceso en cualquier otro país competente.

Tras la publicación en el BOE, muchos de los procesos que se siguen en la Audiencia Nacional acabarán archivados, como el de Israel en Gaza; los de EE UU, por Guantánamo y los vuelos de la CIA; los de China, por el caso de Tíbet o por Falun Gong, o el de Myanmar. Seguirán los de Guatemala, Ruanda y los nazis, entre otros.