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Cospedal agrava la cifra del déficit y habla de "recortes drásticos" sin tocar gasto social

Carlos E. Cué

La tensión política por el déficit de Castilla-La Mancha no para de crecer. En una estrategia que hasta ahora no han seguido otros barones del PP recién elegidos, y que ha sido destacada incluso por la prensa internacional mientras el Gobierno le pide que no genere más inquietud en los mercados, Dolores de Cospedal lleva ya tres días denunciando la herencia que le ha dejado el Gobierno de José María Barreda. En términos muy duros, la presidenta regional no solo insistió ayer en su denuncia, basada en datos oficiales que aún no ha hecho públicos. La agravó.

Dijo en la Cadena Cope que el déficit a 30 de junio estará "por encima" del 4% que había anunciado en un principio. El déficit permitido por el Ministerio de Hacienda para todo el año es del 1,3%. Fuentes del entorno de la presidenta regional lo sitúan alrededor de un 5,5% a 30 de junio, lo que supondría más de cuatro veces lo permitido. Ella misma insinuó que no se cumplirá ese objetivo, porque dijo que a final de año la situación "será peor". Cospedal admitió que la cifra dada por Barreda para el primer trimestre del año -1,7%- puede ser real, pero después, en el segundo trimestre, el gasto se desbocó, además de que, aseguró, muchas facturas no se contabilizaron.

Le contestó poco después en la misma emisora Barreda, quien le pidió que "cambie el chip" y que no "dramatice" con el déficit porque es una cifra "cambiante" que depende del dinero que ingrese el Gobierno central y que en el primer semestre hay "muchos gastos, y pocos ingresos".

En principio, Cospedal dará a conocer hoy los datos oficiales, aunque ayer aseguró que prefería reunirse antes con la vicepresidenta primera, Elena Salgado. Sin embargo, esta cita no tiene fecha y entre ellas crece la tensión política mientras se prepara la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera el 27 de julio. Varias comunidades pueden incumplir el objetivo del déficit, algo que Hacienda no tolera. En las manos del Gobierno central está un gran mecanismo de presión: autorizar o no el endeudamiento de las comunidades.

En el trasfondo de esta polémica está un asunto central para los próximos meses. Para controlar el déficit, hay dos vías: subir impuestos o hacer recortes, o ambas a la vez. La primera está descartada por el PP, que tampoco quiere asumir ahora los costes de la segunda. Hacienda, por el contrario, quiere que las comunidades del PP, como ha hecho Cataluña, gobernada por CiU, asuman medidas impopulares. Cospedal anunció ayer que habrá que hacer "recortes drásticos" aunque prometió que no tocará el gasto social porque en Castilla-La Mancha mucha gente necesita los servicios sociales.

El PP tiene difícil asumir que alguna de sus comunidades incumpla los objetivos, porque rompería el discurso de Mariano Rajoy sobre la necesidad de controlar el déficit público.

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