Denunciado por su ex compañero de piso

La bomba saltó en julio de 2007. El juez instructor del caso Malaya, Miguel Ángel Torres, puso en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que su compañero del despacho de al lado, Francisco Javier Urquía, estaba implicado en la gigantesca trama de corrupción que investigaba. Tuvo que ser duro, porque Torres y Urquía tenían un pasado común. Ambos compartieron piso en la localidad malagueña de Vélez-Málaga, primer destino de Urquía en 2001 y donde su compañero y denunciante hizo prácticas durante un tiempo.

Torres relató cómo la policía encontró en una de las oficinas de Juan Antonio Roca la escritura de la casa de Urquía y cómo en una de las conversaciones grabadas durante las investigaciones, se escuchaba de fondo la voz del juez. "El juez Torres debe tener poderes que escapan a mi comprensión", declaró el propio Urquía a este periódico poco después de conocer que estaba imputado.

Su implicación en la trama también se sustentó en la declaración de la letrada de una de las acusaciones particulares del caso Malaya. Inmaculada Gálvez declaró ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que el juez había intentado arrebatar el caso a Torres, tratando de convencerle de que presentara una denuncia contra Roca en su juzgado. Torres, al enterarse, se quedó bastante extrañado de la actitud de su compañero, que podría haber generado un conflicto de competencia entre sus dos juzgados.

Desde entonces, Urquía comenzó a caer en barrena. Meses después, en febrero de este año, se descubrieron actuaciones irregulares y supuestos intentos de extorsión en el caso que lo lanzó al estrellato, la Operación Hidalgo contra el blanqueo. El propietario de uno de los establecimientos intervenidos por el juez, el hotel Puente Romano de Marbella, denunció que una de las personas más cercanas a Urquía, el empresario Igor Mier, le había pedido cantidades millonarias a cambio del levantamiento la intervención y del desbloqueo de las cuentas embargadas.

El propietario del hotel, el empresario David Shamoon, denunció a la Guardia Civil la actuación de Mier y el TSJA abrió una nueva investigación contra Urquía y sus amigos. Los indicios racionales de que el juez había cometido los delitos de prevaricación, cohecho y revelación de secretos, motivaron una segunda suspensión contra él en el Poder Judicial.