Destituido el responsable del plan de desaladoras por el retraso en las obras

El Ministerio de Medio Ambiente tiene previsto relevar hoy a Adrián Baltanás, presidente de la sociedad estatal Acuamed, la encargada de construir las desaladoras para sustituir el trasvase del Ebro. Según fuentes próximas a la empresa, el Consejo de Administración nombrará al ingeniero Carlos Massa. La salida de Baltanás se ha precipitado por el retraso de las obras, ya que actualmente sólo hay cuatro desaladoras nuevas terminadas y otras tres que cuando el PSOE llegó al Gobierno ya estaban en proyecto. Además, Medio Ambiente admite ya que el agua desalada es demasiado cara para la agricultura y busca fórmulas para ayudar a los agricultores del Levante.

Baltanás es el último alto cargo de la gestión del agua de Narbona que seguía en el Gobierno. Ingeniero de caminos, estuvo en el equipo que a principios de los 90 con Borrell diseñó el plan de trasvases del PSOE. Entonces realizó los estudios del trasvase desde el Tajo Medio al Segura -paradójicamente el que ahora planea retomar el Gobierno-. En 2004, Narbona le encomendó una de las mayores apuestas del Ejecutivo: construir la mayoría de las desaladoras para sustituir al trasvase del Ebro.

Debía cumplir la promesa de Narbona de que el plan daría "más agua, más barata y en menos tiempo" que el trasvase. Baltanás pronosticó que las desaladoras estarían en 2008 tras invertir unos 2.000 millones de euros en 20 plantas en el Mediterráneo, además de cuatro en Baleares, dos en Canarias y una en Ceuta y Melilla (las cifras de plantas y millones bailaron con los años).

Cuatro nuevas

Casi cinco años después, sólo hay cuatro desaladoras nuevas en marcha (San Pedro del Pinatar II, Ampliación de Alicante, Alicante II y Valdelentisco) y ha terminado las que estaban en obras cuando ganó el PSOE (Marbella, Atabal, Carboneras y San Pedro). En total -y contando estas- la capacidad de desalación es de 250 hectómetros cúbicos al año entre Barcelona y Málaga (el 37% de los 677 previstos). Medio Ambiente siempre defendió que el trasvase del Ebro a Almería habría tardado aún más tiempo.

En el retraso en las obras influyeron múltiples factores. Medio Ambiente cumplió con todos los requisitos de Bruselas e hizo una evaluación ambiental como la de cualquier obra (consume dos años). Además, Valencia torpedeó la planta de Torrevieja, la mayor prevista. En otras, como en Mazarrón, el suministro eléctrico llegó con retraso. Por último, el alto precio del agua desalada hizo que los regantes no firmaran los compromisos para usar este agua, lo que retrasó la negociación.

El relevo de Baltanás no implica que Medio Ambiente retire la apuesta por el agua desalada, aunque ya repite que "no es la panacea". El Ejecutivo espera concluir la legislatura con los 728 hectómetros en proyecto en toda España y espera sumar más agua del Tajo en Murcia y Alicante. El Ejecutivo admite que el agua desalada es cara. En la planta ronda los 0,6 euros el metro cúbico y a los regantes se la ofertan por 0,36. Pero la del trasvase les cuesta 0,09, cuatro veces menos. Por eso, Medio Ambiente busca fórmulas para ayudar a los regantes. Una de las posibilidades que ha barajado es elevar el periodo de amortización de la obra de 25 a 50 años, el mismo plazo que el Gobierno del PP fijó para el trasvase del Ebro.