Detenido un director general de Matas por la trama de Mallorca

La última trama de supuesta corrupción del antiguo Gobierno balear de Jaume Matas (PP) se ha cerrado, provisionalmente, con un remache de calibre grueso. El ex director general de Promoción Industrial, Kurt Joseph Viaene, quedó detenido ayer a petición de la Fiscalía Anticorrupción por su posible relación con la red de cobro de comisiones y malversación de caudales (hasta 1,5 millones de euros) en el Consorcio de Desarrollo Económico de las Islas Baleares (CDEIB).

Trece personas han pasado por comisaría por ese escándalo. Ayer testificó como imputado otro ex director general del PP, Jaume Gil, editor y en su día responsable de Política Lingüística.

Anticorrupción cree que Ordinas percibía sobornos en mano y en su casa

Kurt Joseph Viaene avaló y participó desde la consejería de Industria las acciones de promoción de la principal imputada, la gerente del CDEIB Antònia Ordinas, y está asociado con ella en la firma privada internacional Global Business Active Strategies. El ex director general Viaene presidió el Instituto de Innovación Empresarial. Antes de estallar el asunto, devolvió 19.000 euros de dietas sin justificar al Consorcio. A Ordinas le reclamaron la misma cantidad y se negó a abonarla. La gerente dejó un agujero de ocho millones.

La Fiscalía Anticorrupción cree tener pruebas de que Ordinas percibía en su casa, en mano y sin testigos, comisiones ilegales de los empresarios implicados en la trama, a los que adjudicaba a dedo contratos millonarios.

Las supuestas mordidas de Ordinas eran del 25% de las facturas, según reconoció en comisaría una de las personas que le pagó. Un empresario que, aunque trató con ella, no figura entre las 13 personas detenidas, calcula que "alguien pudo pagar comisiones del 40%".

"Dejé de trabajar con el CDEIB porque otros abonaban una comisión muy alta", explicó otro empresario, editor. Uno de los detenidos, el diseñador Joan Rosselló -amigo y editor de Ordinas-, logró de la gerente cerca de seis millones en contratos.

El total desviado de los fondos públicos ronda 1,5 millones de euros. Buena parte de esa cantidad fue derivada a las cuentas privadas de la esposa de Ordinas, la soprano Isabel Rosselló. El matrimonio está acusado de cohecho, prevaricación y malversación.

La fiscalía sabe que Ordinas tenía otros cauces de recaudación: invitaba a sus suministradores a que contrataran a su mujer a través de su empresa Gabinete Alays, para que elaborara supuestos estudios y análisis. Como soprano, Isabel Rosselló, de 52 años, actuó repetidamente en los eventos internacionales que el CDEIB organizó en Miami, Nueva York y en ciudades de China. Además de su caché, también cobró del consorcio dirigido por su esposa por informes, consultoría, cuestionarios y bases de datos.

Además, Ordinas creó una empresa pantalla, Sayju, para facturarse a sí misma 528.000 euros en dos años.