Detenido un empresario en Guipúzcoa por pagar la extorsión a ETA

Otro empresario vasco, Jesús Guibert Azkue, de 81 años, ha sido detenido hoy en Azpeitia (Guipúzcoa) por pagar presuntamente la extorsión a ETA, en una operación ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Es el segundo empresario arrestado en 24 horas por el mismo motivo, tras la detención ayer del consejero delegado de la acería Sidenor.

Otro empresario vasco, Jesús Guibert Azkue, de 81 años, ha sido detenido hoy en Azpeitia (Guipúzcoa) por pagar presuntamente la extorsión a ETA, en una operación ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Es el segundo empresario arrestado en 24 horas por el mismo motivo, tras la detención ayer del consejero delegado de la acería Sidenor.

Garzón ha ordenado el registro del domicilio del empresario en San Sebastián, dentro de la investigación por el pago del denominado impuesto revolucionario. El empresario se encuentra detenido por la Guardia Civil hasta que finalicen los registros ordenados por el magistrado y, previsiblemente, al igual que ocurrió ayer con un empresario bilbaíno -José Antonio Jainaga, consejero delegado de Sidenor-, quedará en libertad en las próximas horas.

Guibert fue secuestrado el 21 de marzo de 1983 en Azpeitia por los Comandos Autónomos Anticapitalistas cuando era gerente de Laminados de Hierro Marcial UCIN y quedó en libertad 17 días después, supuestamente tras el pago de 150 millones de pesetas.

Del otro empresario detenido, un portavoz de la empresa Sidenor, una de las principales siderúrgicas vascas, confirmó ayer que Jainaga fue puesto en libertad por la tarde. Se espera que ambos empresarios sean citados a declarar en los próximos días por el juez Garzón.

Resultados de la detención de Thierry

Los dos registros practicados en las últimas 24 están relacionados con la documentación intervenida al máximo dirigente de ETA, Francisco Javier López Peña, Thierry, detenido en la localidad francesa de Burdeos el pasado 20 de mayo.

El pasado 12 de junio, y a raíz también del análisis de los documentos intervenidos en esa operación policial, Garzón ordenó el ingreso en prisión incondicional de dos hermanas empresarias detenidas el día anterior en Orio (Guipúzcoa), María Isabel y Blanca Rosa Bruño Azpiroz, a las que acusó de colaborar con ETA y de haber pagado 6.000 euros de forma voluntaria a la banda.