Detenido el ex alcalde de San Javier y tres empresarios de la zona

La Unidad Central de Operaciones de la Guardia Civil ha detenido esta mañana a cuatro personas, entre las que se encuentra el ex alcalde de San Javier José Hernández (PP) y tres empresarios: el propietario de Urdemasa, Santiago Martínez Esparza, Jaime Navarro, de Grimanga y Antonio Javier Sanchez, de Ladera dos mares. Los tres tienen importantes negocios inmobiliarios en la zona de la Manga del Mar menor y San Javier y la fiscalía lleva varios años investigando sus relaciones con el ex alcalde, que es constructor.

La policía actúa por orden del juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Javier que mantiene desde 2008 un procedimiento abierto contra estas personas y seis más por delitos contra la Hacienda pública, cohecho, tráfico de influencias y malversación, entre otros.

Se investiga un presunto trato de favor que Hernández, en su etapa como alcalde de San Javier, habría deparado a estas empresas con la adjudicación de obras públicas y contratos públicos y el beneficio que el primer edil habría obtenido de ello, ya que presuntamente estaba asociado en otros negocios con estas empresas.

Las detenciones se producían esta mañana, e igualmente se practicaban siete registros en domicilios particulares y profesionales de los detenidos en Murcia, Cartagena y San Javier.

El procedimiento se inició en 2008, tras una querella de la Fiscalía. José Hernández estaba siendo investigado por un presunto trato de favor a dos constructores. Entonces, la Cadena SER de Murcia desveló que eran socios suyos en al menos una empresa llamada Nueva Valencia al mar SL. Los empresarios investigados, que participaban con Hernández en la construcción de viviendas en Valencia, eran los responsables de las sociedades Urdemasa, Santiago Martínez Esparza, y Peinsa 97, Juan Gracia Jiménez.

Por sus relaciones con estas empresas y dentro de este procedimiento José Hernández ha declarado en varias ocasiones ante el juzgado de San Javier negando en todo momento que estuviera cometiendo ninguna ilegalidad y recordando que su trabajo es el de constructor. En una ocasión, a la salida del juzgado, les dijo a los periodistas presentes: "¿Es que creéis que soy La Pantoja?".

Sobre la relación societaria que mantiene con ambos promotores, el alcalde Hernández se ha limitado a reconocer que forma parte de esa sociedad y a recordar su condición de promotor, "que es la forma en que me gano la vida".

Urdemasa y Peinsa son dos empresas con importantes intereses en San Javier. La primera se ha adjudicado numerosas obras públicas (entre ellas, la construcción del nuevo edificio consistorial, un aparcamiento subterráneo, la biblioteca municipal y el centro de día de la tercera edad en el Mirador) y además es propietaria de una parte del Plan Parcial Roda Golf & Beach Resort (1.700 viviendas y campo de golf). La segunda ha promovido a su vez una importante urbanización, Señorío de Roda, que contempla la construcción de unas 300 viviendas en San Javier.

Son varios los casos de presunto trato de favor por parte de Hernández a esta empresa, investigados por la justicia:

En San Javier se investiga la compra venta de terrenos donde después se ha construido el nuevo hospital del mar menor. En Murcia, se investiga la urbanización denominada Señorío de Roda, de unas 350 viviendas, que, según la denuncia del Grupo Independiente de San Javier, se inició sin ningún tipo de permiso y con la presunta connivencia del alcalde, constructor de profesión. Según esta misma denuncia, el regidor ni siquiera había aprobado el plan parcial necesario para iniciar los trabajos y tampoco el proyecto de urbanización, por lo que no se había especificado ni dónde iban a ubicarse las calles ni las zonas verdes.

También se investiga si el alcalde aprobó el Plan Parcial de Roda Golf, que implicaba la reclasificación de un millón de metros cuadrados de terreno rústico de interés agrícola a Urdemasa para construir un hotel, un campo de golf y 1.800 viviendas. Este suelo tenía esa calificación por recibir el agua del trasvase Tajo-Segura desde hace 26 años.

El PP de Murcia abrió -y luego cerró sin resultados- una investigación interna para aclarar un presunto caso de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de San Javier.