El Día de la Memoria se celebrará sin acuerdo

Por segundo año consecutivo, el Día de la Memoria, establecido el año pasado para recordar a las víctimas del terrorismo se va a celebrar sin consenso. Dirigentes del PP vasco han confirmado a EL PAÍS tras la última reunión mantenida esta misma mañana con Interior la imposibilidad de un acuerdo por la pretensión de los nacionalistas de incluir en la celebración a las víctimas de excesos policiales en la lucha antiterrorista o de otras vulneraciones de los derechos humanos.

De esta forma, la celebración no contará con un manifiesto conjunto y queda abocada a que cada institución recuerde a las víctimas de la forma que considere conveniente. El lehendakari reunirá a su Gobierno y leerá una declaración institucional en Lehendakaritza. En otras instituciones probablemente se opte por una actuación similar: una declaración que no deba votarse.

El PP se negó desde el primer momento a que la celebración incluyese a las "otras víctimas". Los populares habían llegado a aceptar que se reconociera en el texto que ha habido otro tipo de afectados por vulneraciones de derechos humanos, pero dejando claro que el 10 de noviembre no era la fecha de su celebración.

El consejero de Interior, Rodolfo Ares, ha insistido en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que la intención del Ejecutivo ha sido tratar de "ensanchar" el acuerdo del año pasado, al que no se sumaron EA ni Aralar, e incorporar incluso a Bildu, pero sin éxito. "La campaña electoral no lo ha facilitado", ha añadido. De haberse pactado las bases de una declaración conjunta, todas las instituciones hubieran leído la misma declaración trasladando una imagen de unidad a los ciudadanos. Ares no ha querido criticar a los partidos ni repartir culpas por el desencuentro. El acto del lehendakari se realizará sin invitados y con un mensaje claro de recuerdo, apoyo y respaldo a las víctimas y a su memoria.

El Día de la Memoria se estableció como consecuencia de la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo de 2008. Dicha ley fija como su ámbito de aplicación aquellas personas que hayan sufrido "la acción terrorista" o la de quienes, integrados formalmente o no "en bandas o grupos armados, actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana". Es decir, ETA, el GAL y otros grupos de ultraderecha, sí, pero el reconocimiento a las "otras víctimas" discurriría por un cauce distinto. La constitución en julio pasado de la ponencia parlamentaria que actualmente está en marcha sobre estos afectados ya abrió la primera división entre el PP (y UPyD) y el resto de formaciones, división que se mantiene.