Divanes en los juzgados
La contribución jurídica de Baltasar Garzón a la causa de los derechos humanos no ha tomado cuerpo a través de sentencias dictadas por tribunales colegiados, sino mediante un solitario trabajo como instructor durante más de 20 años en la Audiencia Nacional. Sin duda, la experiencia aconseja la periódica revalidación de los nombramientos para el desempeño de cargos -electorales o administrativos- dotados de poder y margen de discrecionalidad, así como la limitación de sus mandatos; pero en este caso el carácter casi vitalicio del destino judicial es obra del legislador. En cualquier caso, la ejecutoria de Garzón es impresionante: los crímenes de Pinochet y de la Junta argentina, la investigación sobre los GAL, el desmantelamiento de ETA, las redadas de Al Qaeda, el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción política y la delincuencia financiera de cuello blanco dan título a sus sumarios.
Los procedimientos contra el juez Garzón están impulsados por motivaciones diversas
Las polarizadas opiniones -laudatorias o difamatorias- sobre Garzón han pasado demasiadas veces de la idolatría a la fobia (y viceversa) a lo largo de estas dos décadas. En 1993 su popularidad como juez le convirtió en objeto del deseo electoral de los socialistas, que le incluyeron como número 2 por Madrid -casi como álter ego de Felipe González- en un gesto de oportunismo político que les saldría caro. La furiosa campaña de la derecha contra el magistrado convertido en diputado del PSOE se transformó en empalagosa adulación cuando Garzón -humillado por la encerrona de una carrera política sin horizontes- regresó a la judicatura a mediados de 1994 y reanudó la instrucción del caso Marey, que desembocaría en la condena por el Supremo del ex ministro Barrionuevo y del ex secretario de Estado Vera. El núcleo duro del Ministerio socialista de Justicia e Interior encabezado por el juez Juan Alberto Belloch (donde figuraban como viceministra Margarita Robles, vocal del CGPJ que ha suspendido en sus funciones a Garzón, y como asesor Luciano Varela, que acaba de abrir su juicio oral en el Supremo) nunca olvidaría ese episodio. Pero el PP, que aplaudió hasta con las orejas la instrucción del caso Marey, tampoco le perdona ahora la instrucción del caso Gürtel.
¿Cuáles son los motivos del chaparrón de querellas (nada menos que tres imputaciones de prevaricación inexistentes) admitidas por el Supremo en menos de 10 meses? El hecho de que la primera querella esté relacionada con el debate sobre las competencias -más que dudosas- de la Audiencia Nacional para exhumar los restos de los paseados en la zona rebelde durante la Guerra Civil, enterrados clandestinamente en cunetas y descampados, ha sido considerado como una prueba irrefutable de que las actuaciones del Supremo y del CGPJ (presididos ambos por un ineficaz y pío templa gaitas -ex presidente de la Audiencia Nacional- designado por Zapatero) contra Garzón tienen como único objetivo impedir el castigo de los crímenes franquistas.
Pero esa tesis ofrece demasiados flancos a la crítica, además de reservar a Garzón el incómodo papel del tribuno salvador tomado a chacota por La Internacional. La materia de las otras dos querellas (la financiación de un curso académico y el caso Gürtel) son ajenas al franquismo. De añadidura, el principio de legalidad penal, la prescripción de los delitos y el fallecimiento de sus presuntos autores, la irretroactividad de las leyes penales desfavorables, la equivocada traslación a la España republicana de la figura de los desaparecidos en el Cono Sur, la Ley de Amnistía de 1977 y la doctrina predominante en el Derecho Internacional Penal sobre los delitos contra la Humanidad cierran cualquier posibilidad razonable a la perseguibilidad penal de los crímenes de los militares sublevados en 1936. Sin embargo, no sólo continúan abiertas las investigaciones históricas sobre aquellas horribles matanzas, sino que además existe una vía jurídico-administrativa de la llamada Ley de Memoria Histórica para exhumar los restos de las víctimas y rendir homenaje a su memoria.
Seguramente las ruindades, miserias y envidias corporativistas dentro de la magistratura juegan un papel significativo en la campaña contra Garzón. La atracción irreprimible por los escenarios iluminados, la necesidad compulsiva de adulación periodística, el apetito insaciable de gloria y los celos rencorosos por los éxitos ajenos son frecuentes no sólo en la política sino también en la judicatura. Pero el Estado no podría -sobre todo en tiempos de crisis- instalar divanes en todos los juzgados para que un cuerpo de psicoanalistas de plantilla diesen terapia y alivio a las pulsiones irracionales de los magistrados que lo solicitaran.
