EA abandona el gobierno local que compartía con ANV

Ha tenido que caer asesinado por ETA un vecino del pueblo, Ignacio Uria Mendizabal, "un hombre muy bueno", según muchos de sus conciudadanos, para que los dos concejales de Eusko Alkartasuna (EA) de Azpeitia tomasen ayer la decisión de desvincularse de ANV, con el que gobernaba el Ayuntamiento, junto a Aralar, pese a que la formación ilegalizada nunca ha condenado la violencia etarra. Renunciaron a sus responsabilidades de gobierno tras el pleno municipal que aprobó con los votos en contra de los ediles de ANV una "condena rotunda" del asesinato. Sólo habían pasado tres horas desde que el juez ordenó levantar del lugar del atentado el cadáver de Ignacio Uria.

En Azpeitia se guardó mucho silencio. Sólo se oían las voces de las autoridades y los políticos. En la calle, testimonios entrecortados, un mutismo generalizado y muchos monosílabos. Este municipio de casi 14.000 habitantes, en el corazón de Guipúzcoa, de profundas raíces nacionalistas y muy vascohablante, estaba consternado por el asesinato. "Pero si Ignacio era un tipo muy jatorra [campechano]. Espero que todo el pueblo se levante contra esta barbarie", comentaba un jubilado que se acercaba desde el casco antiguo al barrio de Loiola, lugar del crimen.

La tarde era fría y lluviosa. Un matrimonio que reside cerca del restaurante Kiruri se mostraba muy afectado: "Le veíamos todos los días. Estaba muy integrado en el pueblo. Es una injusticia". "Era un hombre más bueno que el Papa", comentaba otro conocido de la familia. Nadie quiso dar su nombre. Un representante de una empresa adjudicataria del AVE vasco reconoció que fue "una sorpresa" la noticia: "Esto es un mazazo para muchos empresarios. Más de una empresa se lo pensará mucho antes de optar a alguno de los cuatro tramos que salen ahora a concurso en Guipúzcoa".

Ayer, el terror consiguió impactar también en muchos vecinos de la localidad, sobresaltados poco antes de la hora de comer por las sirenas de las ambulancias y los vehículos de la Ertzaintza. Mientras tanto, en las calles todavía se podían ver carteles que llamaban a los vecinos a una asamblea en protesta por la extradición de Javier Agirre, encarcelado en Francia por cobijar en su domicilio a terroristas del comando Aranba y almacenar cinco kilos de explosivos y una bomba-lapa.