EE UU alegó "apoyo logístico" para justificar los vuelos a Guantánamo

"Suministrar apoyo logístico" fue el motivo alegado por Estados Unidos para justificar la mayor parte de los vuelos entre las bases españolas de Torrejón de Ardoz (Madrid), Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz) y el campo de prisioneros de Guantánamo (Cuba), donde más de 700 sospechosos de terrorismo han sido retenidos indefinidamente sin acusación ni tutela judicial tras el 11-S de 2001.

Así figura en la documentación complementaria que el Ministerio de Defensa ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga el caso de los llamados vuelos de la CIA. En la misma se reconoce que 13 vuelos con origen o destino en Guantánamo obtuvieron permiso para hacer escala en España (uno de ellos no se hizo, pese a estar autorizado) entre los años 2002 y 2007, y otros 13 sobrevolaron el espacio aéreo a través de la aeroruta que cruza el estrecho de Gibraltar.

En todos los casos se trató de aviones operados por la Fuerza Aérea de EE UU y autorizados al amparo del convenio bilateral vigente, por lo que Defensa considera que no se trata de vuelos de la CIA, ya que la agencia de espionaje emplea aviones civiles propiedad de empresas pantalla. Pero lo que investiga el juez Moreno es si estos aviones militares se utilizaron también para trasladar a personas que estaban ilegalmente detenidas.

España nunca inspeccionó los aparatos ni preguntó quién viajaba a bordo, por lo que Defensa se limita a trasladar al juez la información que le facilitó el Pentágono a través del Comité Hispano-norteamericano. Según ésta, el propósito de dichos vuelos fue "suministrar apoyo logístico" en cuatro de los casos; realizar "un vuelo logístico de transporte de personal de EE UU", o de "personal del Departamento de Defensa de EE UU" o de "fuerza y material militar de los EE UU" en otros cinco; y "apoyo a operaciones" en uno.

Sólo en dos vuelos se reconoce la presencia de un detenido a bordo y en ambos casos éste no viajaría hacia Guantánamo, sino que procedería de allí. En concreto, un C-17 trajo el 18 de julio de 2005 a Madrid al marroquí Lahcen Ikassrien, reclamado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por su presunta vinculación con el 11-M. Además, un C-20 aterrizó el 30 de septiembre de 2005 en Palma de Mallorca tras haber llevado a El Cairo (Egipto) a un preso sujeto a procedimiento de extradición cuya identidad no facilita el informe de Defensa.

Este vuelo, del que hasta ahora no había noticia, resulta curioso pues el aparato empleado, un C-20, es de las mismas características (12 plazas, 7.800 kilómetros de autonomía) y fabricante (Gulfstream) que los jets de la CIA. Y también elige el mismo aeropuerto de escala (Palma de Mallorca), pese a tratarse de un avión del Ejército del Aire.

No es el único aspecto llamativo de la información facilitada al juez. Resulta chocante que se programen desde España (a casi 7.000 kilómetros de distancia) vuelos de apoyo logístico (es decir, para llevar armamento, munición o pertrechos de cualquier tipo) a Guantánamo, que está a sólo a unos 800 kilómetros de las bases de EE UU en Florida. O que se trasladen tropas desde Manás, junto a Afganistán, a Cuba, lo que supuestamente se hizo en dos ocasiones.

Tras estallar el escándalo, el Pentágono remitió un escrito a Defensa en el que aseguraba que todos los aviones que hicieron escala en bases españolas cumplieron lo previsto en el artículo 25.2 del convenio bilateral. Es decir, que no llevaban "pasajeros ni carga que pudieran ser controvertidos para España".

En 2007, el Pentágono volvió a pedir permiso para que hicieran escala en Rota dos aviones con destino a Guantánamo y Defensa exigió que esas mismas garantías se ofrecieran por escrito antes de dar la autorización.

Pese a todo, la ONG británica Reprieve sostiene que en el segundo de los vuelos incluidos en el listado de Defensa, el C-17 que hizo escala en Rota el 28 de octubre de 2002, viajaban al menos dos menores de edad, Shams Ullah, afgano, y Omar Khard, canadiense, que fueron capturados en Afganistán y recluidos en Guantánamo. Cuando EL PAÍS planteó por vez primera a un portavoz de la Embajada de EE UU en Madrid la posibilidad de que estos vuelos hubieran sido utilizados para el traslado de prisioneros, éste recordó que, desde el punto de vista de Washington, dichas detenciones no eran ilegales y que todos los países de la OTAN se comprometieron a ayudar a EE UU en la lucha contra el terrorismo después de los atentados del 11-S de 2001.