La diplomacia de Estados Unidos se desinteresó rápidamente de la hipótesis de ETA como supuesta autora de la matanza del 11-M en Madrid, mantenida en los mensajes a Washington el día en que se produjo el atentado y citando -como era público y notorio- el convencimiento transmitido por el Gobierno de Aznar sobre esa autoría. En los más de 200 telegramas en los que se menciona a ETA, cursados entre 2004 y 2010, no aparece rastro alguno de información especial o cooperación específica de Estados Unidos en la lucha contra ETA. Por el contrario, algunos de los mensajes posteriores a la trágica matanza de marzo de 2004, y hasta el fin de la presidencia de George W. Bush, muestran cierta impaciencia norteamericana por el desenfoque de los objetivos de seguridad de los españoles, a su juicio tan obsesionados por el "terrorismo interior" (así aluden constantemente a ETA) como poco atentos al radicalismo islamista y a lo que Bush había llamado "la guerra global contra el terror".

Las autoridades de Estados Unidos no han dejado de presionar periódicamente a España para que este país cambie su mentalidad antiterrorista, resuelva las "rivalidades" entre sus cuerpos de seguridad y reforme la legislación antiterrorista, que ven orientada hacia el combate contra una organización centralizada, como es ETA, y poco apta o que deja lagunas en la lucha contra un radicalismo islamista mucho más disperso, complejo y peligroso.

"A pesar de que hace ya más de dos años y medio de los atentados contra los trenes de Madrid sucedidos el 11 de marzo de 2004, y de la prácticamente universal aceptación por la opinión española y por los expertos en terrorismo de que fueron perpetrados por simpatizantes de Al Qaeda", se lee en una nota confidencial del 20 de octubre de 2006, "un segmento del Partido Popular, en la oposición, y el periódico El Mundo continúan acusando al Partido Socialista de conspiración y encubrimiento, y reclaman que el grupo terrorista vasco ETA tiene algo que ver con los ataques del 11 de marzo".

Un telegrama anterior, clasificado como "secreto" el 7 de abril de 2005, ya señalaba que la policía española había triplicado desde el 11-M el número de sus investigadores contra el extremismo islámico, pero tenía que hacer frente "a la presión pública y política para usar sus recursos enfocándolos a acabar con la larga campaña de ETA contra el Estado español".

La prioridad, el terrorismo islámico

Insisten, insisten, insisten. El 13 de septiembre de 2007, la Embajada en Madrid envía un largo informe a Dell Dailey, coordinador para contraterrorismo en el Departamento de Estado. Le explica que observa una clara voluntad en el "Gobierno socialista" -así lo dicen- de apoyar con fuerza a los cuerpos de seguridad, pero que la tarea es difícil, porque las autoridades han colocado el combate contra el terrorismo islámico entre sus grandes prioridades solo desde el 11-M.

Otros telegramas posteriores apuntan claramente lo que quieren conseguir del Gobierno español. En una nota clasificada "secreta", del 18 de noviembre de 2008, se lee que las leyes antiterroristas españolas "fueron diseñadas con el grupo terrorista ETA en mente". Pero gran número de acciones de las fuerzas de seguridad y judiciales españolas han mostrado "la necesidad de actualizar su armazón judicial para enfrentarse mejor a la amenaza planteada por el terrorismo radical islámico". El problema que inquieta a las autoridades estadounidenses es que "mientras las fuerzas españolas de seguridad tienen una amplia discreción para detener a sospechosos de terrorismo", su condena judicial "frecuentemente" se derrumba en la fase de apelación al Tribunal Supremo. Citan a un experto español en terrorismo para apoyar la idea de que la mayoría de los jueces del Supremo no consideran delito la conspiración y la colaboración de islamistas radicales en la preparación de un ataque. A pesar de la matanza del 11-M, la legislación antiterrorista no ha cambiado y de ahí que los jueces rechacen la tesis de que los sospechosos de "células" pequeñas y aisladas puedan formar parte de una organización criminal más amplia.

El citado telegrama secreto del embajador examina la docena de operaciones realizadas en Cataluña contra el islamismo radical, desde los atentados contra Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001. Y hace ver a su Gobierno la importancia de esa comunidad como vivero de posibles terroristas. Por eso concluye apoyando el refuerzo de personal norteamericano en Barcelona, cuyo objetivo es que trabajen conjuntamente los agentes antiterroristas, los de anticrimen organizado y los del servicio de inteligencia.

¿Y ETA? Dentro ya de 2010, el actual embajador de Estados Unidos, Alan D. Solomont, escuchó decir a María Teresa Fernández de la Vega, cuando era vicepresidenta primera del Gobierno, que "el éxito contra ETA en los últimos años es en gran parte debido a la mejorada cooperación con Francia". Y anteriormente, en mayo de 2009, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, había precisado que España y Francia contaban con 11 equipos conjuntos de investigación, durante una reunión privada celebrada en Madrid con altos cargos policiales y judiciales españoles.

Sin excluir la posibilidad de que se haya producido alguna intervención norteamericana en relación con la banda, no reflejada en esta correspondencia diplomática, es evidente que desde los canales del Departamento de Estado no se matiza ni se cuestiona a las autoridades españolas cuando les dicen que el gran colaborador internacional contra ETA ha sido Francia. De los más de 200 telegramas diplomáticos en los que se menciona a esta banda, muchos de ellos meramente burocráticos y repetitivos, queda claro que el interés de la Embajada de Estados Unidos por ETA ha sido calcular su capacidad para desestabilizar a las instituciones españolas.