Condenado a 12 años de cárcel un concejal de EH por quemar un cajero
La Audiencia Nacional ha condenado a Jesús Guinea Sagasti, concejal de EH en Larrabetzu (Vizcaya), a 12 años de prisión por quemar un cajero automático el 15 de agosto de 1997 durante las fiestas de la localidad, un atentado que la sentencia vincula a los fines de ETA. El concejal, encapuchado, amenazó con lanzar un artefacto incendiario a los vecinos que le rodeaban y logró huir. Pero uno de ellos le persiguió y logró quitarle la capucha, por lo que pudo ser identificado.
Hacia las dos de la madrugada del 15 de agosto de 1997, Guinea y otros cuatro encapuchados obligaron a un vecino a salir del cajero del BBV del que intentaba sacar dinero, rompieron las lunas y prendieron fuego al cajero con un artefacto incendiario, según relata la sentencia de la sección tercera de la Audiencia Nacional. Un grupo de transeúntes consiguió rodear a uno de los encapuchados, que les amenazó con arrojarles el artefacto incendiario que llevaba en la mano. Fue perseguido por uno de los vecinos, que le dio alcance y le quitó la capucha. En ese momento fue identificado por varias personas como Jesús Guinea Sagasti, uno de los concejales de Euskal Herritarrok (EH) de la localidad.
El Tribunal relata además que el edil forma parte del llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco, en el que se integra la organización terrorista ETA, y que perpetró los hechos "con los fines terroristas de subvertir el orden constitucional". La Audiencia Nacional condena al concejal de EH a tres años de cárcel por un delito de desórdenes públicos con el agravante de disfraz, y a otros nueve años por un delito de tenencia y empleo de artefactos incendiarios al servicio de los fines de la organización terrorista ETA.
Además, Guinea deberá abonar las costas del proceso e indemnizar a la entidad perjudicada con 528.488 pesetas por los daños causados.
Un testigo manifestó durante el juicio que fue amenazado por teléfono y recibió una paliza para que no declarara por estos hechos.
En otro juicio en la Audiencia Nacional, celebrado ayer, también por hechos de violencia callejera, una testigo amenazada se retractó de su declaración ante la policía. Se juzgaba a Carlos García Preciado por el incendio de una sucursal de Caja Laboral en Andoain (Guipúzcoa) el 6 de agosto de 1997, para quien el fiscal solicita 16 años de cárcel.
La vista oral había sido suspendida el pasado 6 de noviembre porque la testigo no compareció y denunció que tenía miedo porque había recibido amenazas. Ayer, protegida por las medidas habituales para impedir que el acusado o el público la identificasen, negó que hubiese reconocido al acusado en las fotografías que le enseñó la policía e incluso que hubiese sido amenazada.
