El final del desarrollo autonómico

El ministro de Administraciones Públicas, Ángel Acebes, y su antecesor en el cargo, Mariano Rajoy, suelen decir sin empacho alguno que, cuando finalice la próxima legislatura, España estará a la cabeza de los países más descentralizados del mundo. El primer partido de la oposición, el PSOE, nunca ha desmentido lo que, a primera vista, podría parecer una baladronada. Los hechos cantan.En el año 2004, una vez consumado el traspaso de la sanidad a todas las comunidades autónomas, la Administración central controlará el 51% del gasto público mientras que el 49% corresponderá a las territoriales. En los países más descentralizados -Alemania, Austria, Canadá, Suecia o Estados Unidos-, la Administración central controla como media el 55% del gasto público y las territoriales el 45%.

Ahora, en mayo de 1999 -cuando aún está pendiente el traspaso de la sanidad a once comunidades y el de la educación no universitaria a seis, lo que se hará entre lo que queda de esta legislatura y la próxima-, la Administración central controla el 59,3% del gasto público en tanto que el 40,7% depende de las comunidades y los ayuntamientos.

Un salto abismal en 18 años, si se tiene en cuenta que en 1981, cuando se puso en marcha el Estado de las Autonomías, la Administración central controlaba el 87,33% del gasto público frente al 12,67% de las corporaciones locales.

Tanto Acebes como el secretario de Política Autonómica del PSOE, Ramón Jáuregui, coinciden en que la próxima legislatura -con el traspaso definitivo de la sanidad- será la de la culminación del desarrollo autonómico. Paralelamente, las formaciones nacionalistas -Convergència i Unió (CiU), el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el Bloque Nacionalista Galego (BNG)- ya han tomado posiciones e incluso han concretado en septiembre pasado en un documento, la Declaración de Barcelona, algunas de sus aspiraciones comunes para cuando culmine el desarrollo autonómico.

Los principales partidos nacionalistas de Cataluña, el País Vasco y Galicia plantearon en el texto mencionado la reforma de la Constitución para ampliar unos techos competenciales que limitaban un desarrollo autonómico casi culminado. En su redactado inicial, hasta apuntaron la transición del actual Estado autonómico a otro confederal, si bien luego suavizaron esa solicitud en sus conclusiones.

Meses más tarde, el PNV está haciendo la marcha por su cuenta, por el sendero del Pacto de Lizarra (Estella), de pretensiones soberanistas y autodeterministas, que suscribió con los demás grupos nacionalistas vascos, Eusko Alkartasuna (EA) y Euskal Herritarrok (EH), así como con Izquierda Unida-Ezker Batua (IU-EB), en el mismo mes de septiembre pasado y en coincidencia con la declaración de tregua indefinida por parte de ETA. CiU ha seguido una vía más pragmática al apostar por una mayor descentralización en el actual modelo de financiación autonómica.

¿Qué posibilidades tienen el Gobierno del PP y el primer partido de la oposición, el PSOE, de afrontar este reto con el actual entramado jurídico-político? ¿Cuál es su actitud? En el terreno de los principios, tanto los populares como los socialistas rechazan cualquier fórmula que altere la Constitución.

"Los principios que marcó la Declaración de Barcelona, en la vía de un Estado confederal, o el soberanismo del Pacto de Lizarra, no tienen encaje en la Carta Magna", advierte Jáuregui. "La pretensión de la Declaración de Barcelona de un modelo distinto de Estado y la proclamación de una Asamblea de Municipios en Euskadi, propiciada por los nacionalistas vascos en Lizarra, como contrapoder a las instituciones autonómicas son anticonstitucionales", afirma Acebes.

Por si hubiera alguna duda, ni el Gobierno ni el PSOE están dispuestos a reformar la Constitución. La única excepción, hoy por hoy, sería para un hecho tan puntual como la adaptación del Senado para convertirlo en una Cámara territorial o de las autonomías. "El actual modelo constitucional es válido y debe ser vigente para el futuro. El Estado ha hecho un enorme esfuerzo descentralizador", añade Acebes. "Hay que estabilizar el modelo", apostilla Jáuregui.

El secretario de Política Autonómica del PSOE estima que algunos aspectos concretos de la Declaración de Barcelona "podrían estudiarse", como la mayor participación de las comunidades en las instancias europeas o una mayor descentralización en la financiación autonómica.

"No nos negamos a nada que se derive de la Constitución. Pero los nacionalistas no deben olvidar que en España no hay sólo tres comunidades: Cataluña, Euskadi y Galicia. Cualquier aumento en sus techos competenciales debe ser extensible a las demás. No hay soporte jurídico ni en la Constitución ni en los estatutos de autonomía para nuevas atribuciones exclusivas a las comunidades en las que el peso nacionalista es más fuerte y que sean discriminatorias para las demás", enfatiza Jáuregui.

Tanto Acebes como él estiman que, aunque el proceso de traspasos a las comunidades ya tiene un diseño final, aún existen márgenes para el aumento de su autogobierno. Jáuregui cree que los mismos están sobre todo en dos cuestiones de calado: una mayor descentralización de la financiación autonómica -con la excepción del País Vasco y Navarra, que gozan de un sistema foral propio- y la reconversión del Senado en Cámara territorial.

Ambas cuestiones se completarían, a juicio del dirigente socialista, con la resolución de algunos flecos pendientes, como la gestión de los aeropuertos, la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Empleo (Inem) y la Administración periférica del Estado. Para ello cree necesario un pacto de Estado con el Gobierno del PP abierto a los partidos nacionalistas.

Acebes también cree que hay margen en la financiación autonómica -"se va a estudiar la cesión de impuestos especiales", indica- y en la reforma del Senado como pieza en la cooperación entre las comunidades. También insiste en un tercer elemento para completar el diseño del Estado autonómico: la cesión de competencias por parte de las propias autonomías a los ayuntamientos.