ETA exigió al Gobierno compromisos políticos en una reunión en julio

Representantes del Gobierno y de ETA mantuvieron su primera reunión secreta en julio de 2006, pocos días después de que el jefe del Ejecutivo autorizara, el 29 de junio, el inicio de contactos con la banda para intentar un fin dialogado de la violencia etarra. En ese encuentro, organizado por el Centro de Diálogo Henri Dunant, con sede en Suiza, los representantes de los terroristas reclamaron que se produjeran avances, en primer lugar, en las conversaciones para constituir una mesa de partidos vascos, en vez de negociar cuanto antes mejoras para los presos etarras. Un planteamiento que no alteró las bases del proceso -ausencia de violencia y respeto a la legalidad- pero trastocó el plan del Gobierno.

Enviados del Gobierno y de la banda terrorista ETA mantuvieron en julio pasado una reunión concertada, en un país europeo, por el Centro de Diálogo Henri Dunant, con sede en Ginebra (Suiza). En ella, se alteraron las previsiones del Gobierno de aprovechar el verano para avanzar con ETA en el fin de la violencia a cambio de medidas penitenciarias favorables para sus presos. ETA decidió postergarlas y primar la constitución de la mesa política, según fuentes próximas al proceso. La reunión se celebró pocos días después de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, autorizara, el 29 de junio, la apertura de contactos entre el Ejecutivo y ETA.

La decisión de ETA no alteraba las bases del proceso -ausencia de violencia y legalidad-, pero sí sus prioridades. El fin dialogado del terrorismo se basaba en dos carriles: una mesa técnica, formada por el Gobierno y ETA para abordar el futuro de los presos y el fin de la violencia; y otra política, en la que los partidos vascos acordarían el futuro.

Las bases del alto el fuego, fijadas entre enviados del PSE y de ETA en las reuniones de Ginebra (Suiza) y Oslo (Noruega), en julio y noviembre de 2005 respectivamente, contemplaban las dos mesas, pero sólo desarrollaron la técnica. ETA asumió que la mesa política, su calendario, su composición y sus contenidos eran competencia exclusiva de los partidos vascos. La banda asumía delegar en Batasuna los asuntos políticos.

El marco político en que se movía el proceso lo recogió la declaración institucional del presidente del 29 de junio. En ella Zapatero dijo que "el Gobierno respetará las decisiones que los ciudadanos vascos adopten libremente, respetando las normas y procedimientos legales, los métodos democráticos, los derechos y libertades de los ciudadanos y en ausencia de todo tipo de violencia y de coacción". Pero también dijo que el Gobierno no pagaría precio político por la paz y que mantendría vigente la Ley de Partidos. Los dirigentes de Batasuna aplaudieron con énfasis la declaración de Zapatero la tarde del 29 de junio.

ETA, tres meses antes, en su anuncio de alto el fuego permanente, no había reivindicado ni el derecho a la autodeterminación ni Navarra. Se limitó a señalar que "la decisión que los ciudadanos vascos adoptemos en el futuro debe ser respetada". Todo se ajustaba a las bases del proceso que los interlocutores acordaron antes del alto el fuego.

El Gobierno se había fijado un calendario para el proceso que empezaba con la declaración del presidente, el 29 de junio, y seguía en verano con las conversaciones entre el Ejecutivo y ETA. El Gobierno contaba con que las negociaciones del verano servirían para iniciar acercamientos de presos de ETA a las cárceles vascas y aumentar el compromiso de la banda con el fin de la violencia. Desde meses atrás, Instituciones Penitenciarias contaba con un plan muy preciso.

Zapatero desveló su calendario, en su declaración del 29 de junio, al anunciar que a fines de septiembre el ministro del Interior informaría a los partidos de las conversaciones con ETA, lo que la banda aprovechó para presionar. El calendario contaba, también, con que a fin del verano Batasuna sería legal con la Ley de Partidos. Y, en otoño, con la izquierda abertzale legal, se constituiría la mesa de partidos, con un calendario indefinido.

En las conversaciones previas al alto el fuego del PSE y ETA la representación socialista defendió mantener la Ley de Partidos y contempló la posibilidad de que Batasuna pudiera funcionar "de hecho". También previó que si ETA cumplía su compromiso de alto el fuego, la actuación policial se relajaría. No sucedió ni lo uno ni lo otro.

La reunión que celebran, en julio, líderes del PSE y de Batasuna, que supone el reconocimiento de los interlocutores del partido ilegal, tiene como objetivo animar a la izquierda abertzale a legalizarse.

Pero los planes del Gobierno se ven alterados en su reunión de julio con ETA, que rechaza iniciar conversaciones para acercar presos y avanzar en el fin de la violencia, temas sobre los que existía un plan preciso. ETA prima la constitución de la mesa política con participación de Batasuna, en la que todo está por hacer.

ETA lo deja claro en el comunicado que publica el 17 de agosto. En él, señala, por vez primera, que el proceso "está inmerso en una evidente crisis", cuyo origen sitúa en "la actitud mezquina de los partidos políticos que no han tomado decisiones profundas en el camino de reconocer a Euskal Herria un marco democrático". E incluso responsabiliza de "este bloqueo" al PSOE y PNV, que "pretenden construir un proceso a la medida de sus intereses y necesidades".

ETA afirma que su prioridad es la mesa política. Sobre los presos, se limita a hacer una referencia retórica sobre las "medidas de excepción que se están adoptando" contra ellos.

El calendario del Gobierno se trastoca, también, con la legalización de Batasuna. Los intentos de sus líderes, en verano, de convencer a sus bases para dar con una fórmula que permita su legalización por la Ley de Partidos son baldíos. Las bases de Batasuna se imponen con el argumento de que cumplir la Ley de Partidos no garantiza su legalidad. Se amparan en que la vía penal, que ha utilizado el juez Fernando Grande-Marlaska, prorrogada por dos años en un auto de enero de 2006, está impidiendo su actividad y la de sus líderes que, incluso, son encarcelados. Batasuna concluye que "Zapatero no controla el Estado".

El otoño llega con Batasuna en la ilegalidad, sin ningún movimiento de presos ni avances en el fin de la violencia. Al contrario, coincidiendo con el comunicado de ETA, en agosto, renace la violencia, con la kale borroka, paralizada desde marzo, y que crecerá hasta romper el proceso en diciembre.

El Gobierno, pese a cambiar el calendario y observar el aumento de la violencia, decide seguir. En septiembre, PNV, PSE y la ilegalizada Batasuna mantienen contactos discretos para avanzar en la constitución de la mesa de partidos. Las conversaciones encallan en noviembre. Batasuna pretende cerrar un acuerdo previo a la constitución de la mesa sobre el derecho a decidir y Navarra. En este caso quiere aprobar un órgano común de Navarra y Euskadi, con capacidad legislativa. El Partido Nacionalista Vasco y el PSE se plantan.

Con el proceso encallado y con ETA manteniendo sus brotes de violencia -el robo de pistolas en Francia, a fines de octubre, marca su mayor tensión-, se celebra el último encuentro entre enviados del Gobierno y la banda, a mediados de diciembre.

ETA, en la reunión, hace un planteamiento político global -con Navarra y el derecho a decidir- que la delegación gubernamental rechaza. ETA ya no sólo ha alterado el calendario, sino que tutela políticamente a Batasuna. Pero se compromete a seguir el proceso. A las dos semanas lo rompe con los dos muertos de Barajas.

El comunicado reivindicativo del atentado, en el que dice que no pretendía causar víctimas, aclara lo sucedido en la reunión de diciembre: "En lugar de acordar las bases de un nuevo marco político que traiga la superación del conflicto y que reconozca los derechos de Euskal Herria, [el Gobierno] ha establecido como tope del proceso los límites de la Constitución española y de la legalidad".

Aunque el proceso terminó el 30 de diciembre, su deterioro se inició en julio, con el cambio del calendario por ETA. ¿Por qué ETA lo alteró? ¿Por qué no asumió su compromiso de ceder la política a Batasuna, acordado en las conversaciones previas?

El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, dio su versión de la crisis del proceso, un mes antes de romperse: "[La crisis] obedece a la resistencia de ETA a abandonar su viejo papel de garante o tutor de los acuerdos políticos entre partidos en Euskadi y, en el fondo, a un vértigo y miedo a hacer política por la izquierda radical sin el tutelaje de las armas".

Imaz interpretaba, en este sentido, que "la percepción de sectores de Batasuna, tras el alto el fuego, ha sido de una debilidad social y política mayor que la prevista", pues "la capacidad de movilización que mostró en el alto el fuego de 1998 queda muy lejos". Y la constatación de su soledad en las reuniones de partidos, en las que no pudo imponer sus planes soberanistas al no apoyarle el PNV.

Pero Imaz, igual que Zapatero, confiaba, pese a todo, en un final feliz del proceso. Un mes antes de su ruptura, decía: "Los elementos que han contribuido a dibujar y vislumbrar el fin de la violencia en Euskadi siguen ahí. Los cambios profundos en el contexto internacional, en la sociedad vasca, en su concienciación y movilización en torno a las víctimas -que han achicado el espacio violento- son reales y el cambio y la voluntad de hacer política en muchos sectores de la izquierda radical que durante años ha dado cobertura política a la violencia está vigente. Y los tres años y medio sin asesinatos tampoco es un dato baladí".

Todo ello saltó por los aires con el atentado del 30 de diciembre en Barajas. Y más allá de algunas supuestas explicaciones posteriores de la banda (afirmando que no quería romper), el hecho es que desde julio apostó por un proceso de avance en la soberanía mientras el Gobierno quiso un proceso de fin de la violencia, en el que la izquierda abertzale, con su presencia política, sustituyese a ETA. Fueron dos visiones distintas del mismo proceso.