Egipto quiere juzgar al empresario junto al expresidente y sus dos hijos
La intención era juzgarlo junto a su mentor. La orden internacional de detención dictada por los tribunales egipcios contra el empresario Hussein Salem, de 77 años, tenía como objeto sentarlo el próximo 3 de agosto en el banquillo junto al expresidente Hosni Mubarak y sus dos hijos, Alaa y Gamal.
Además de por la presunta estafa en la venta de gas a Israel a precios inferiores a los de mercado, la justicia de su país lo acusa de participar en otros negocios corruptos, estos en el sector inmobiliario, en los que la familia del rais también habría intervenido. Alaa y Gamal habrían cedido grandes superficies de terrenos estatales para proyectos hoteleros del millonario en Sharm el Sheij. A cambio, Salem les habría proporcionado un palacio y varias mansiones en esa misma ciudad turística al borde del Mar Rojo, en la que actualmente permanece detenido a la espera de juicio el exmandatario egipcio.
Salem y Mubarak se conocieron en su juventud, durante su paso por el Ejército en los años sesenta. La gran fortuna que después fraguó el expresidente egipcio la generó, presuntamente, apoyándose en un grupo de grandes empresarios como el detenido el miércoles en Madrid, a los que favoreció con grandes monopolios en áreas estratégicas de la economía como la energía o las telecomunicaciones.
Lo más probable es, sin embargo, que el juicio conjunto de Mubarak y Salem no se celebre. El fiscal general egipcio envió ayer mismo a España una copia de las investigaciones que se siguen contra el empresario en su país para iniciar el proceso de extradición. El informe recoge una copia de su pasaporte egipcio y un certificado con todas sus entradas en ese país entre 2005 y 2011. El objetivo es demostrar que mantiene la nacionalidad egipcia, por lo que debe ser juzgado allí.
Pero la decisión sobre su entrega puede tardar meses. Una vez que se reciba en España el informe, será una sección penal de la Audiencia la que decida si lo extradita o no. Su decisión puede ser recurrida ante el pleno de la Sala. Y la última palabra la tiene el Gobierno.
