El Ejecutivo incumple la ley al frenar su desarrollo

"Hagan ustedes las leyes y déjenme a mí los reglamentos", dijo el conde de Romanones. El Gobierno incumple la Ley de Incompatibilidades de 2006 al no desarrollarla.

La moción de IC que se votará el martes aprovecha para pedir que se cumpla la actual ley (aprobada en abril de 2006) y que se aprueben las normas complementarias de desarrollo. Sin esos reglamentos, parte de su contenido carece de sentido. Por ejemplo, el artículo 14 prevé que se publiquen en el BOE "las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno y de los secretarios de Estado". Para hacerlo, la disposición final daba un plazo de cuatro meses para la aprobación de un reglamento de desarrollo que estableciera la forma de publicación de los datos.

El plazo terminó en octubre de 2006 y aún no se ha aprobado el reglamento que daba cumplimiento a una de las promesas principales del programa del PSOE de 2004, anunciada por Zapatero a bombo y platillo en aquella campaña. Se incumple así la propuesta de transparencia.

El entonces ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, elaboró en 2006 un reglamento que fue sometido al informe preceptivo del Consejo de Estado. El texto evitaba referencias a cuestiones sometidas a medidas de seguridad, como direcciones, pero sí a datos genéricos que permitirían evaluar el patrimonio global de esos altos cargos en las declaraciones que se publicarían en el BOE.

Dictamen favorable

El dictamen del Consejo de Estado fue favorable pero desde el inicio de 2007, el reglamento está pendiente de aprobar en Consejo de Ministros. El efecto práctico es que los actuales ministros y secretarios de Estado han hecho declaración de bienes y de actividades, pero ambas se depositan en el registro del Ministerio y no se hacen públicas en ningún caso. La actual ley, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, hace extensiva la declaración de bienes y actividades a los cónyuges de esos altos cargos.

La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, no hizo mención alguna a la reforma de la ley o a su desarrollo en su reciente comparecencia ante la Comisión Constitucional, en la que explicó el calendario legislativo del Gobierno. Tampoco había ya referencias en el último programa electoral del PSOE.