España, según Amnistía Internacional

El gobierno anunció el inicio del diálogo con ETA tras haber declarado el grupo armado un alto el fuego permanente en marzo, pero la iniciativa no prosperó a causa de un atentado con explosivos perpetrado en el aparcamiento del aeropuerto de Madrid-Barajas el 30 de diciembre. Un año después de la muerte de 13 migrantes en la frontera de Ceuta y Melilla, las investigaciones no habían dado aún ningún resultado. En julio de 2006 murieron en un incidente similar tres migrantes más. El número de migrantes y solicitantes de asilo llegados por mar a las Islas Canarias en 2006 se multiplicó casi por siete con respecto a 2005 y superó la cifra total de los cuatro años anteriores juntos. Siguió habiendo informes de tortura y malos tratos infligidos, en muchos casos con impunidad, por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. El Tribunal Supremo dictó un fallo histórico sobre la inadmisibilidad de las pruebas procedentes de Guantánamo.

Información general

En mayo de 2005, el Parlamento había aprobado el inicio del diálogo entre el gobierno y quienes abandonaran la violencia. A raíz de ello, en marzo de 2006, el grupo armado vasco Euskadi Ta Askatasuna (ETA) anunció un «alto el fuego permanente». La tensión existente en torno al proceso de diálogo se intensificó tras un estallido de violencia que se produjo en el País Vasco en septiembre y el robo de unas 350 pistolas en un arsenal francés a finales de octubre. El 30 de diciembre explotó una bomba en el aparcamiento del aeropuerto de Madrid-Barajas y mató a dos hombres. Una hora antes de la explosión, ETA había avisado por teléfono de la colocación del artefacto explosivo. El gobierno anunció entonces que daba por terminado el diálogo.

El Parlamento español y las comunidades autónomas de Cataluña, Valencia y Andalucía aprobaron una reforma de los estatutos de éstas que les otorgaba mayor autonomía. En julio, el gobierno presentó al Parlamento un proyecto de ley sobre el reconocimiento de los abusos contra los derechos humanos sufridos durante la guerra civil de 1936-1939 y la dictadura subsiguiente.

Migración y asilo

La situación de los migrantes y los solicitantes de asilo en España continuó siendo motivo de gran preocupación. Se siguieron dictando órdenes de expulsión contra migrantes indocumentados, a los que se dejaba sin sustento ni medios de regularización de su situación. De acuerdo con los datos facilitados por el Comité Español de Ayuda al Refugiado, en los primeros seis meses del año se registraron 2.504 solicitudes de asilo, de las que 2.165 fueron rechazadas o declaradas inadmisibles.

Las rutas migratorias parecieron cambiar, pues durante el año llegaron a las Islas Canarias más de 31.245 solicitantes de asilo y migrantes indocumentados de África Occidental. Las autoridades del gobierno autónomo hicieron uso de centros de recepción improvisados para alojarlos, y el hacinamiento extremo agravó las malas condiciones de los centros ya existentes. Entre estas personas llegaron varios centenares de menores no acompañados, con lo que se sobrepasó con creces la capacidad de acogida de menores de la región y se vieron amenazados sus derechos fundamentales. El hacinamiento existente en los centros de inmigración generaba tensiones y violencia.

Como consecuencia de la llegada a las Islas Canarias de un gran número de solicitantes de asilo y migrantes, los procedimientos de determinación de los casos de asilo, considerados ya inadecuados allí, se vieron sometidos a presión extrema. El acceso restringido a asistencia letrada y servicios de interpretación, así como los procesos acelerados de devolución, fueron motivos de preocupación. En septiembre, tras haber denunciado sindicatos de policía que en los centros de detención de inmigrantes de las islas no se cumplían las normas básicas sobre higiene a causa del hacinamiento, la Fiscalía de Canarias inició una serie de inspecciones para comprobar las condiciones de los centros.

La investigación de la muerte de al menos 13 migrantes en la frontera de Ceuta y Melilla en septiembre y octubre de 2005 todavía no había permitido identificar ni castigar a los responsables. En julio de 2006, tres migrantes más murieron al intentar cruzar la frontera de Melilla. Se cayeron de la cerca, de seis metros de altura, al disparar la policía española balas de goma a modo de aviso y disparar las fuerzas marroquíes munición real. Tres días más tarde, el gobierno aprobó una partida de 10,5 millones de euros de ayuda a Marruecos para medidas de control de la frontera sin imponer ninguna condición relativa a los derechos humanos ni pedir explicaciones por las muertes ocurridas en la frontera en 2005 y 2006. En virtud de un acuerdo sobre devoluciones ya existente, se siguió enviando a migrantes de regreso a Marruecos cuando se podía demostrar que habían salido de allí. Las garantías jurídicas y de protección pedidas en estos casos eran insuficientes, por lo que las personas devueltas quedaban expuestas a sufrir malos tratos.

España participó en una misión conjunta de vigilancia marítima llevada a cabo por varios países de la Unión Europea (UE) y coordinada por Frontex, organismo encargado de la gestión del control de las fronteras exteriores de la UE. Esta operación tenía por objeto interceptar en alta mar embarcaciones de migrantes y devolverlas a su país de origen. Suscitó gran preocupación en relación con el respeto de derechos fundamentales, como el derecho de toda persona a solicitar asilo, a abandonar su país y a no ser devuelta a ningún país donde estuviese expuesta a sufrir violaciones de derechos humanos.

Malos tratos policiales e impunidad

Siguió habiendo informes de tortura y malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, situación que se veía agravada por la falta de investigaciones sistemáticas e independientes de tales incidentes. Según un estudio publicado por la organización nacional contra el racismo SOS Racismo, en uno de cada tres casos denunciados de violencia racista, los responsables eran funcionarios del Estado encargados de hacer cumplir la ley.

En abril, España ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, que había firmado en 2005. A pesar de ello, mantuvo prácticas condenadas por el relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura por considerar que aumentaban el riesgo de tortura y maltrato, como la detención en régimen de incomunicación.

En enero, los Mossos d'Esquadra, policía autónoma de Cataluña, pusieron fin violentamente a una fiesta tradicional callejera en la localidad catalana de Arenys de Mar, en el noreste del país. Según informes, hicieron uso de la violencia para intentar dispersar a los participantes, a los que golpearon con porras en la cabeza y el cuerpo al cargar contra ellos, causando lesiones a algunos. Una de las víctimas, Joan Munich, recibió al menos un golpe en la cabeza, a causa del cual se desplomó y quedó inconsciente momentáneamente. Cuando recobró el conocimiento, lo detuvieron. Posteriormente fue declarado culpable de agredir a un agente de policía, por lo que se le impuso una condena condicional de un año de cárcel y una multa. Dos compañeros suyos fueron declarados culpables de desobedecer una orden de la policía y multados. Los tres presentaron un recurso de apelación, pero sin éxito. Otros siete hombres presentes en el lugar de los hechos presentaron denuncias contra la policía, pero tampoco éstas prosperaron.

En junio, un agente de la policía nacional asestó un puñetazo en la cara a una mujer que intentó intervenir en la detención, aparentemente violenta, de una desconocida a la puerta de un bar de Barcelona. Según informes, a continuación la mujer fue detenida y llevada a una comisaría de policía, donde cuatro agentes la introdujeron a empujones en una celda y la golpearon por todo el cuerpo y la cabeza. También le dieron patadas en la cabeza, estando ella caída en el suelo de la celda y con las manos esposadas a la espalda. Un médico de la policía que la examinó bajo custodia indicó que presentaba sólo contusiones de poca importancia, pero un informe médico solicitado por la mujer cuando quedó en libertad señaló la existencia de múltiples lesiones en la cabeza, el rostro, los brazos, las piernas y la espalda. En agosto se impuso a la mujer una multa por haber opuesto resistencia a su detención.

En febrero se separó de su cargo a ocho de los nueve agentes de policía implicados en el maltrato y la muerte bajo custodia de Juan Martínez Galdeano en julio de 2005. Se retiraron las acusaciones formuladas contra uno de ellos y se presentaron cargos contra los demás por agresión grave, lesiones y homicidio por imprudencia. El fiscal de Almería solicitó diez años de prisión para el de mayor rango, y ocho para los demás. Según la autopsia e informes médicos posteriores, la muerte de Juan Martínez Galdeano se debió a una combinación de los violentos golpes y las técnicas de inmovilización a que fue sometido por los agentes de policía y una reacción adversa a la cocaína que había consumido.

Violencia contra las mujeres

La violencia contra las mujeres seguía siendo un problema grave. En los tres primeros meses del año fueron víctimas de homicidio a manos de sus parejas o de ex parejas 21 mujeres. Fue la cifra más alta alcanzada desde 1999, cuando habían comenzado a registrarse estas muertes. Ochenta y seis mujeres murieron en 2006 a consecuencia de la violencia en el ámbito familiar, 68 de ellas a manos de sus parejas o ex parejas.

Desde la entrada en vigor de la ley contra la violencia de género, en enero de 2005, las denuncias de este tipo de delitos habían aumentado un 18 por ciento. Sin embargo, los nuevos tribunales dedicados a instruir tales causas no tenían recursos suficientes para ocuparse del elevado número de ellas que se presentaban. Las autoridades judiciales rechazaron más del 20 por ciento de las solicitudes de órdenes de protección presentadas por víctimas. Los programas de rehabilitación de individuos declarados culpables de violencia doméstica eran insuficientes para satisfacer la demanda, por lo que había más de 1.700 maltratadores convictos en espera de recibir plaza en alguno de ellos. En muchas comunidades autónomas había una persistente falta de centros de crisis para víctimas.

'Guerra contra el terror' En julio, el Tribunal Supremo anuló la condena impuesta a Hamed Ahmed, ex detenido de Guantánamo, y ordenó que fuera puesto en libertad de inmediato. En octubre de 2005, a su regreso a España de Guantánamo, donde había estado recluido desde 2002, Hamed Ahmed había sido declarado culpable de pertenecer a una organización terrorista por la Audiencia Nacional y condenado a seis años de prisión. El Tribunal Supremo determinó que Guantánamo constituía un limbo jurídico, sin garantías ni control, por lo que toda prueba procedente de allí debía ser declarada completamente nula. Por consiguiente, no había ninguna prueba contra Hamed Ahmed, salvo su propia declaración, que a juicio del Tribunal Supremo no contenía elementos incriminatorios.