España deberá pagar 23.000 euros a un preso de ETA
El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha condenado al Estado español a pagar 23.000 euros al preso de ETA Mikel San Argimiro Isasa por la "ausencia de una investigación efectiva" sobre las alegaciones de malos tratos que formuló tras ser arrestado en Madrid e incomunicado en la Dirección de la Guarcia Civil durante cinco días en mayo de 2002.
San Argimiro Isasa, que actualmente está encarcelado en el centro penitenciario de Badajoz, fue arrestado bajo la acusación, entre otros, por los presuntos delitos de pertenencia a grupo armado, terrorismo, depósito de armas y municiones y tentativa de asesinato.
Según consta en la sentencia, tras pasar cinco días incomunicado en la Dirección General de la Guardia Civil (periodo en el que fue examinado hasta en cinco ocasiones por un médico, quien constató contusiones), el preso de ETA fue conducido ante el Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, donde declaró haber sido objeto de malos tratos durante el periodo de detención. Una semana después, el 27 de mayo de 2002, ingresó en la prisión de Badajoz, donde fue examinado por el facultativo del centro, quien constató que el interno tenía una costilla rota en el costado izquierdo.
A mediados de junio de ese mismo año, San Argimiro presentó ante el juzgado de instrucción de guardia de San Sebastián una denuncia quejándose de haber sufrido malos tratos durante su arresto y su detención, como "golpes en la cabeza, sesiones de axfisia colocándole una bolsa de plástico alrededor de la cabeza, humillaciones y vejaciones sexuales y amenazas de muerte y de violación". El juzgado donostiarra se declaró incompetente en favor del juzgado de instrucción número 43 de Madrid, el cual ordenó cerrar la investigación por los hechos denunciados en el mes de julio, al considerar que las lesiones denunciadas "estaban justificadas por las circunstancias violentas y peligrosas en las cuales se desarrolló el arresto".
En noviembre de 2003, la Audiencia Provincial de Madrid señaló que la decisión del juzgado de instrucción estaba "motivada", aunque estimó necesaria una investigación "más en profundidad". Sin embargo, acabó desestimando el caso.
La corte de Estrasburgo considera que, procedimentalmente, hubo "ausencia de una investigación efectiva" de la denuncia de malos tratos, aunque no puede concluir que hubiera una violación substancial del artículo 3 de la Convención y se produjeran los malos tratos denunciados por San Argimiro durante su arresto y su prisión preventiva.
Así pues, condena al Estado español a indemnizar al preso de ETA con 23.000 euros, 20.000 por daños morales y los 3.000 restantes por las costas.
