España expulsó el año pasado a menos extranjeros que en 2003

El Ministerio del Interior expulsó el año pasado a 13.311 extranjeros, 793 menos que el año anterior. Sin embargo, el número total de repatriaciones -que incluye, además de las expulsiones, las devoluciones, los rechazos en frontera y los retornos a Francia y Portugal- creció el 21%: de 93.881 en 2003 pasó a 119.169 en 2004. Este incremento es similar al registrado entre 2002 y 2003, cuando las repatriaciones aumentaron un 20,7%.

Fuentes del Ministerio del Interior justifican el descenso de las expulsiones aludiendo a que el número de inmigrantes llegados en patera descendió el año pasado un 18%. Ese descenso explicaría también la caída de las devoluciones, que se refieren a los extranjeros, en su mayoría marroquíes, interceptados cuando intentaban entrar en España de forma irregular en lanchas. El número de devoluciones ha pasado de 13.684 en 2003 a 12.449 el último año.

La policía aplica el concepto de expulsión a los inmigrantes que se hallan de forma irregular en España y contra los que el juez ha dictado una orden de salida del país. La mayoría de las expulsiones se realizan en aviones, y tienen como destino los países del Este, sobre todo Rumania; los de Suramérica, sobre todo Ecuador, y los del África subsahariana, sobre todo Nigeria.

El coste de las expulsiones es elevado, pues al pasaje de ida del extranjero hay que sumar el de ida y vuelta de los dos policías que lo escoltan. Por ejemplo: la expulsión de un ecuatariano le sale al Estado por 3.353 euros; la de un senegalés, por 2.000; la de un búlgaro, por 1.400, y la de un chino, por 6.750.

De momento, las expulsiones son realizadas por las Unidades de Intervención Policial (UIP). El Ministerio del Interior no ha materializado todavía su intención de crear una Brigada Central de Expulsiones que se encargue de la tarea. Los estudios previos indican que el nuevo organismo dependerá probablemente de la Comisaría General de Extranjería y Documentación y tendrá su sede central en Madrid, aunque contará con secciones en las provincias con mayor presencia de extranjeros en situación irregular, como Gran Canaria y Barcelona.

De hecho, la mayoría de las expulsiones ejecutadas el año pasado se hicieron desde Las Palmas (1.619 hasta el 22 de noviembre), Barcelona (1.039 en la misma fecha), Madrid (972) y Málaga (921).

A pesar de los acuerdos firmados por España con otros países para que readmitan a sus ciudadanos que residen de forma irregular en nuestro territorio, muchas veces los Estados de los que son originarios se niegan a reconocerlos y rechazan su repatriación. Por este motivo, entre el 1 de enero de 2002 y el 14 de junio del año pasado, el Gobierno del PP dejó en las calles a 85.019 inmigrantes con una orden de expulsión imposible de ejecutar pero que les impide trabajar legalmente.

Rechazos en aeropuertos

Además de las expulsiones y las devoluciones, el año pasado descendieron también las denegaciones de entrada en España: pasaron de 14.750 a 11.318. En este concepto se engloban sobre todo los rechazos de inmigrantes en los aeropuertos y en las fronteras de Ceuta y Melilla. La explicación de la caída reside en el primer caso, según fuentes policiales, en la efectividad de la exigencia de visado a los ecuatorianos. Desde la entrada en vigor de esa medida, el 3 de agosto de 2003, el número de rechazados de ese país descendió desde 4.950 hasta 23. La mayor colaboración de Marruecos en la lucha contra la inmigración irregular también hizo descender los intentos de entrada de ciudadanos de ese país en las ciudades autónomas africanas.

Lo que ha aumentado de manera exponencial son los llamados retornos por acuerdos de readmisión, que han pasado de 51.343 en 2003 a 82.091 en 2004. Estos retornos se refieren a los extranjeros que intentan entrar irregularmente en España desde Francia y, en mucha menor medida, desde Portugal. La mayoría proceden de países del Este.