España negocia llevar a los piratas a Somalia

El Gobierno trabaja "intensamente" para cerrar un acuerdo con Somalia que permita entregar a dicho país a los dos piratas encarcelados en España y cumplir con una de las exigencias de los secuestradores que desde hace 40 días retienen al atunero vasco Alakrana y a sus 36 tripulantes, según fuentes gubernamentales. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que participó ayer en Sopot (Polonia) en la cumbre hispano-polaca, aseguró que los dos piratas "tienen que ser juzgados", pero dejó abierta la puerta a la posibilidad de que el juicio se celebre en Somalia. "Lo que no se puede pedir a ningún juez es que incumpla la ley", alegó el ministro, por lo que una eventual extradición sólo sería posible con un instrumento jurídico internacional que ahora no existe.

El Ministerio de Justicia está examinando distintos modelos de convenio suscritos por España con otros países que permiten la extradición antes del juicio o el cumplimiento de penas impuestas por tribunales españoles. El problema es que España tiene suspendidas las relaciones con Somalia desde que dicho país se sumiera en la guerra civil, en 1991, lo que supone un obstáculo añadido.

Negociar un convenio de este tipo es el principal objetivo de la entrevista mantenida el domingo en Nairobi por el embajador español en Kenia, Nicolás Martín Cinto, con el primer ministro del Gobierno Federal de Transición somalí, Omar Abdurashid Ali Sharmake.

Caamaño advirtió de que cualquier acuerdo internacional debe cumplir estrictos requisitos, como garantizar que no se infringirán malos tratos a los detenidos y que éstos disfrutarán de un proceso justo, así como la posibilidad de que el juicio sea supervisado por los tribunales españoles. Ante el hecho evidente de que el Gobierno somalí ni siquiera controla su propio territorio, apuntó la posibilidad de que en este caso se busquen "garantías adicionales" por parte de terceros países, como Kenia.

En la rueda de prensa conjunta con el primer ministro polaco, Donald Tusk, José Luis Rodríguez Zapatero fue mucho menos explícito, aunque aseguró que la situación creada por el secuestro "puede estar encauzada". Tras subrayar que su obligación es ser "muy escrupuloso y respetuoso" con decisiones que pertenecen al ámbito judicial, en alusión a la eventual extradición de los dos detenidos, garantizó a las familias que "ni por el Gobierno ni por ninguna otra autoridad del Estado se va a escatimar ni un solo esfuerzo" para que los marineros retenidos estén de vuelta cuanto antes, sanos y salvos.

El presidente hizo una defensa de la gestión de la crisis por parte del Gobierno, del que dijo que "sabe lo que hace" y está "trabajando bien desde el primer día" para "concluir con éxito esta difícil situación". Con este objetivo, aseguró, se han activado todos los medios políticos, jurídicos, diplomáticos y de inteligencia y se ha involucrado personalmente él mismo. El grueso de su intervención lo dedicó, sin embargo, a realizar un llamamiento "exigente" a los medios de comunicación y a los responsables políticos, a quienes pidió que "extremen la prudencia y la discreción", pues "cualquier pronunciamiento que se haga es escuchado automáticamente por quienes tienen secuestrados a nuestros compatriotas".

Tras revelar que ha hablado dos veces de este asunto con Mariano Rajoy, la última el domingo por la noche, se mostró satisfecho del cambio de actitud del PP, con excepción de algunas críticas "desfasadas", y expresó su confianza en que este apoyo se mantenga para lograr que el secuestro pueda resolverse "en el menor tiempo posible".

El presidente de la Xunta de Galicia, el popular Alberto Núñez Feijóo, que desde el primer momento se desmarcó de la agresividad inicial de su partido para ponerse al lado del Gobierno, mandó ayer dos mensajes: el primero, que las familias están demostrando "un comportamiento ejemplar" en un momento especialmente delicado, tras 40 días de secuestro, informa María Fernández. El segundo, que "no se puede cerrar ninguna puerta para encontrar una salida" que conduzca a la liberación del Alakrana. "Por encima de la vida no hay ningún otro bien protegido", señaló tras mantener una reunión con las familias.

Por su lado, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega dijo ayer en Buenos Aires que el Gobierno está "explorando todas las vías, absolutamente todas", para solucionar el secuestro, informa Alejandro Rebossio. "La prioridad es liberar a los pescadores. Trabajamos desde hace 35 días para que vuelvan sanos y salvos. El único límite es el respeto a la ley. Buscamos la fórmula, la más adecuada, y la encontraremos", declaró.