España pide a la UE garantías para restaurar fronteras

España se ha quedado en minoría en su rechazo a que se reintroduzcan en Europa los controles fronterizos nacionales bajo el pretexto de la inmigración. El pasado jueves, en Bruselas, solo Malta y Bélgica se alinearon con España en su negativa a dar marcha atrás a una de las principales conquistas de la construcción europea: la libre circulación de personas. La mayoría apoyó el pacto sellado por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, para superar la crisis provocada por la llegada de unos 30.000 inmigrantes procedentes de Túnez a la isla italiana de Lampedusa.

Según la propuesta de la Comisión Europea, los controles fronterizos internos podrían ser reactivados como "último recurso" cuando un país no sea capaz de controlar su parte de la frontera exterior de la Unión o cuando la misma "se vea sometida a fuertes presiones inesperadas debidas a acontecimientos externos". No es difícil imaginar los temores que suscita esta propuesta: ante una oleada masiva de inmigrantes procedente de África, la UE podría echar el cerrojazo en los Pirineos y abandonar a España a su suerte.

La única buena noticia es que hay consenso para no modificar el acuerdo de Schengen, ya que ello obligaría a su ratificación por los parlamentos nacionales. La contrarreforma deberá hacerse a partir de una reinterpretación del tratado vigente y, en particular, de su artículo 2.2, que permite reinstaurar los controles fronterizos por razones de "orden público o seguridad nacional" y solo por "un periodo limitado" de tiempo.

Para evitar que este mecanismo se convierta en una forma de contentar a los sectores más populistas y xenófobos, el Gobierno quiere que los controles en las fronteras interiores solo puedan restaurarse "bajo control o supervisión" de la Comisión Europea. Y que se trate, además, de un procedimiento "tasado"; es decir, que se definan claramente qué condiciones deben darse para que se pueda activar.

Las características de este mecanismo se abordarán en la próxima reunión de ministros de Justicia e Interior de la UE, pero lo más probable, según fuentes diplomáticas, es que se opte por modificar el reglamento que desarrolla el tratado. En ese caso, la reforma deberá ser aprobada en la cumbre europea del 24 de junio en Bruselas y también, después del verano, por el Parlamento europeo.

España quiere, en todo caso, que la reforma se acompañe de claras muestras de solidaridad con los países más expuestos al problema de la inmigración; lo que implica como mínimo el reforzamiento de Frontex, la agencia europea de fronteras, apoyo en la devolución a los países de origen y ayudas económicas a los centros para inmigrantes.