Esperanza Aguirre no exige a su primer diputado imputado que deje el escaño

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Esperanza Aguirre, no moverá un dedo para obligar a dejar su escaño a los tres diputados autonómicos del Partido Popular implicados en la trama corrupta. El juez que instruye el caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid imputó ayer a uno de los tres implicados, Alfonso Bosch, y en los próximos días hará supuestamente lo mismo con los otros dos.

Un portavoz del PP en Madrid aseguró ayer que no se iba a pedir a los diputados que dejarán su escaño "porque eso les supondría perder el aforamiento" y las ventajas judiciales que pudiera conllevar. Bosch ha sido imputado por el juez en relación con el supuesto cobro de importantes cantidades de dinero por parte de la trama corrupta, que pagó así los supuestos favores que el diputado autonómico les hizo como responsable de la empresa de suelo y vivienda de Boadilla del Monte, el municipio donde la red de Correa hizo alguno de sus principales negocios.

La investigación judicial ha acreditado que las empresas de la trama lograron contratos públicos que adjudicó el Gobierno municipal del PP o concursos de suelo que ganaron promotores inmobiliarios para los que trabajaban los empresarios corruptos como intermediarios.

Junto a Bosch, el juez también ha imputado a Clemente Aguado, que fue hasta hace unos meses viceconsejero de Inmigración en el Gobierno de Esperanza Aguirre y que aparece implicado en el sumario por el supuesto cobro de pequeñas cantidades de dinero.

Los otros dos diputados autonómicos implicados, Alberto López Viejo, ex consejero de Transportes y hombre de la máxima confianza de Aguirre, y Benjamín Martín Vasco, ex concejal de Arganda y el diputado al que Aguirre quiso poner como presidente de la comisión que investigó el supuesto espionaje ordenado por el Gobierno regional a cargos del PP contrarios a la presidenta regional.

López Viejo y Martín Vasco, según la investigación judicial, trabajaron para la red de Correa, proporcionándoles contratos de la Comunidad, en un caso, y contratos del Ayuntamiento de Arganda, en el otro.

Respecto a la suspensión de militancia de los tres diputados autonómicos, el portavoz del PP de Madrid aseguró ayer que eso dependía exclusivamente de la dirección nacional del partido.