El Estatuto que complica la legislatura
El nuevo Estatuto de Cataluña, aprobado en el Congreso tras un complicado trámite en el que se recortaron muchas de las exigencias del texto remitido desde el parlamento catalán, se ha convertido en el principal motivo de inestabilidad del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La interpretación del documento que salió del Congreso mantiene enfrentados al Ejecutivo tripartito catalán que preside el socialista José Montilla con el vicepresidente económico Pedro Solbes.
Estos son algunos aspectos de la principal disputa política ante el inicio del nuevo curso parlamentario tras el parón de las vacaciones:
- Solidaridad. El Gobierno catalán pretende cambiar el sistema de financiación autonómico, vigente para todas las autonomías, excepto Navarra y País Vasco. Para defender su postura, recuerda que ese cambio ya se aprobó en el Congreso de los Diputados en el momento que se dio luz verde al nuevo Estatuto catalán. En él, se establece que para la redistribución del dinero entre todas las comunidades, el fondo de solidaridad deberá garantizar exclusivamente la financiación de tres servicios principales: educación, sanidad y servicios sociales esenciales.
La Generalitat calcula que, como máximo, un 75% del dinero que se reparte en el sistema (110.000 millones en 2006) estaría condicionado por esta obligación de nivelar recursos que beneficia a las comunidades más pobres.
El Gobierno central hace una interpretación más amplia y defiende que la solidaridad debe garantizar la financiación de otros servicios, como la justicia. El vicepresidente Pedro Solbes recuerda que la Constitución obliga al Estado a "garantizar un nivel mínimo en la prestación de servicios básicos en todo el territorio español". El Gobierno central ha rechazado ya el modelo catalán para repartir el dinero.
- Bilateralidad. La exigencia de un pacto bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat es otra de las reivindicaciones habituales del Ejecutivo que preside José Montilla. El Gobierno da por hecho que al discutir sobre el sistema de financiación autonómica en la comisión mixta ya atiende ese requisito. El Ejecutivo catalán rechaza que para alcanzar un acuerdo sobre la financiación de Cataluña se requiera previamente el beneplácito y pacto con el resto de autonomías.
