Estepona dejó de cobrar 24 millones en sanciones urbanísticas

El servicio de disciplina urbanística de Estepona (Málaga) dejó de cobrar 24,5 millones por sanciones entre 2003 y 2008. El cálculo, elaborado por los técnicos de la Junta de Andalucía, forma parte de un informe solicitado por el juez Jesús Torres, instructor del caso Astapa contra la corrupción en ese Ayuntamiento. Torres ha levantado esta semana por quinta vez el secreto del sumario de esta causa que acumula 70 imputados y que saltó a la luz en junio de 2008 con la detención del entonces alcalde Antonio Barrientos (expulsado del PSOE) y varios ediles de la corporacion, además de empresarios con intereses urbanísticos y técnicos municipales.

De los 681 expedientes urbanísticos analizados por los inspectores de la Junta, el Ayuntamiento esteponero (PSOE) tramitó 95, y en sólo cinco casos se llegó a cobrar la sanción. El resto caducó. El municipio terminó cobrando un millón de los 25,8 que debería de haber ingresado por sanciones urbanísticas, algo que, según los técnicos, evidencia la "inactividad municipal" en este campo.

La Policía hizo saber al juez en marzo de 2009 que faltaban numerosos expedientes urbanísticos en el Ayuntamiento esteponero y que los que habían examinado parecían inacabados. El antiguo tesorero municipal, Félix Domínguez Pimienta, declaró que "ni uno solo de estos expedientes había sido trasladado al negociado de gestión tributaria y recaudación para cobrarlos".

Otro de los informes policiales sobre los que se ha levantado el secreto detalla cómo funcionaba la caja b del Ayuntamiento. El escrito se basa en la documentación intervenida en el despacho del jefe de gabinete de alcaldía, José Flores, también imputado. Pone como ejemplo la entrega de 150.000 euros por el convenio Cortijo de la Teja y el reparto de esos fondos, hecho en su mayor parte en efectivo.