"Estoy dispuesto a ir a prisión"

Jaume d'Urgell, el hombre que el 14 de mayo de 2006 trepó por la fachada del edificio de los juzgados de lo Contencioso-administrativo de la Gran Vía de Madrid para sustituir la bandera española por otra republicana, podría ingresar el jueves en prisión. El 25 de enero del año pasado fue condenado a pagar siete meses de multa con una cuota diaria de seis euros por un delito de ultraje a la bandera. Pero D'Urgell, informático de 35 años, no piensa abonarla. "Estoy dispuesto a ir a prisión. Mis convicciones políticas me impiden pagar", declaró ayer a este periódico.

Un policía acudió a su casa para comunicarle que el próximo jueves debe acudir al Juzgado número 7 de ejecución penal de Madrid para dar cumplimiento a la sentencia. "Al juez le diré lo mismo, que no pienso pagar la multa. Y al no pagar, según el artículo 53 del Código Penal, me corresponde una pena de un día de privación de libertad por cada dos de multa; en total, 105 días de cárcel. El juez podría ordenar ese mismo jueves mi ingreso en prisión. Pero estoy dispuesto a perder la libertad, a ser coherente con mis ideas", añadió.

Su familia y sus abogados le piden que pague. "Mi familia no lo entiende. Mi cónyuge tampoco quiere que vaya a la cárcel. No ha sido una decisión fácil. Ya sé que con esto no voy a cambiar el mundo, pero 100 días de cárcel no son nada comparado con la repercusión del asunto. Quiero motivar un debate, abrir una reflexión pública. Además, seguro que me da tiempo a volver a casa para ver el discurso de Navidad del Rey en televisión", bromeaba.

D'Urgell mantiene que lo que hizo no supone ultrajar a España. "Al reemplazar una bandera por otra, yo pretendía expresar una voluntad de cambio, la de que en este país no haya ningún cargo público que no haya sido elegido. Cambié la bandera monárquica por la republicana y las dos son españolas, constitucionales y democráticas, aunque sólo una está en vigor", explicó. Por la bandera que retiró del mástil de los jugados madrileños pagó 40 euros en la fase de instrucción.

Aquel 14 de mayo de 2006, D'Urgell participaba en una manifestación no autorizada en protesta por la precariedad del trabajo y la vivienda. El fiscal pidió un año de cárcel como culpable de desórdenes públicos, pero el juez le absolvió de este delito al considerar que no había ocasionado daños.