R. M. DE RITUERTO - Bruselas - 12/02/2009
Socialistas y populares españoles dejaron ayer de lado sus diferencias para unirse en un fallido intento de evitar que la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo aprobara un nuevo y demoledor informe sobre el urbanismo salvaje en España. Contra el criterio de los dos partidos, los eurodiputados reclaman la congelación de fondos estructurales y de cohesión como sanción a las graves vulneraciones de las normativas comunitarias en las costas españolas.
Es la tercera vez, tras 2005 y 2007, que el Parlamento europeo arremete contra los desmanes de las Administraciones locales y regionales españolas, ahora con la frustración de ver que de nada sirven protestas, informes, denuncias y votaciones. Los miembros de la Comisión de Peticiones recuerdan que la Comisión Europea puede suspender la entrega de fondos estructurales a un Estado o una región que se burlen de las normas comunitarias.
Socialistas y populares españoles se unieron contra este nuevo alegato, pero no consiguieron convencer a sus correligionarios de otros países, movidos por las denuncias de sus electores y por la intensa campaña de los Verdes. "PSOE y PP han quedado aislados; sus argumentos no convencen a nadie", resumió el verde David Hammerstein.
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