Fabra presentará los presupuestos antes del 20-N
El Consell los aprobará el 28 de octubre "a pesar" de no contar con las previsiones de ingreso del Gobierno.-La oposición pide al presidente valenciano que acabe con los fastos y no recorte en políticas sociales.-Las Cortes aprueban una comisión de investigación sobre la CAM
El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha despejado esta mañana la duda en torno a la fecha de aprobación del presupuesto de la Generalitat para 2012. Ante una pregunta directa del portavoz socialista, Jorge Alarte, el jefe del Consell ha anunciado que el proyecto recibirá el visto bueno del pleno del gobierno valenciano el próximo día 28. En las últimas semanas, el Consell había dejado abierta la posibilidad de retrasar la aprobación de las cuentas del año próximo hasta después de las elecciones generales del 20-N con el argumento de que no tiene las previsiones de ingresos provenientes del Estado.
"Sí, vamos a presentar los presupuestos el día 28", ha asegurado Fabra en la sesión de control de las Cortes Valencianas. Ante esa escueta respuesta, Alarte le ha pedido que sea "valiente" para afrontar la crisis y suba los impuestos a las rentas altas, reduzca su Gobierno para ahorrar, controle el gasto en la Administración valenciana y deje de mantener a miles de "enchufados", elimine "fastos" y no recorte "ni un euro" en educación, sanidad y políticas sociales. El presidente del Consell ha aprovechado su réplica para acusar al Gobierno de "irresponsable" y de no aclarar cuánto ingresarán el año próximo por transferencias del Estado las comunidades autónomas y ayuntamientos. "Vamos a hacer los presupuestos a pesar del Gobierno", ha afirmado Fabra, que también ha cuestionado la previsión de crecimiento del 2,3% de la vicepresidenta económica, Elena Salgado: "No se lo cree ni ella".
Según Fabra, los presupuestos de la Generalitat para el año próximo serán realistas y "austeros", y no recortarán "ni un solo derecho social". Los diputados socialistas Cristina Moreno y Francisco Toledo han recordado al presidente del Consell los recortes en proyectos de nuevos hospitales -algunos ya terminados y que no se pondrán en funcionamiento de momento por la crisis-, el cierre de camas hospitalarias y los barracones en los que estudian muchos escolares. Para contrarrestar estas críticas ha contestado, entre otros, el consejero de Sanidad, Luis Rosado, quien para asombro del hemiciclo ha llegado a afirmar que no hay listas de espera.
El portavoz de Compromís, Enric Morera, ha pedido explicaciones sobre la deuda autonómica valenciana, la más alta en relación con el PIB. Morera ha asegurado que el Consell paga cada día un millón de euros en intereses y le ha reclamado que acabe con "el modelo de saqueo de las arcas públicas". Fabra ha asegurado que los gastos financieros que genera, como las amortizaciones, se pagan el día del vencimiento, ya que el Gobierno valenciano se ha comprometido siempre a "pagar el vencimiento cuando corresponde, sin que eso suponga intereses de demora".
Esquerra Unida ha centrado su pregunta a Fabra en la sesión de control en el urbanismo. La portavoz, Marga Sanz, ha pedido al Consell que paralice los grandes proyectos urbanísticos que algunos ayuntamientos intentan relanzar, como es el caso del llamado Manhattan de Cullera, con miles de viviendas, y que apuesta por un nuevo modelo productivo. El presidente del Gobierno valenciano ha ofrecido diálogo para llegar a acuerdos en la materia, mientras que la consejera de Infraestructuras, Isabel Bonig, ha echado en cara a los socialistas que denunciaran un urbanismo que considera "sostenible".
El debate en torno al urbanismo se ha prolongado en un rifirrafe sobre el futuro del plan general de Alicante, investigado en el caso Brugal. Esquerra Unida ha querido saber qué hará la Generalitat con un plan general bajo sospecha de haber sido amañado. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, a la que el fiscal acusa de favorecer supuestamente los intereses del empresario Enrique Ortiz en el plan general, ha hecho señas desde su escaño en las Cortes de que no se paralizará la aprobación del documento. Una reacción que ha llevado a la diputada Mireia Mollà a preguntar si ella "manda" en la Consejería de Infraestructuras, la encargada de dar el visto bueno al PGOU. Castedo no se ha arrugado. Es más, ha afirmado que ella manda en la consejería y en el Ayuntamiento de Alicante.
Las Cortes aprueban la comisión de investigación sobre la CAM
Les Cortes Valencianas han aprobado por unanimidad la creación de una comisión de investigación sobre el proceso que llevó a Caja Mediterráneo (CAM) a ser intervenida por el Banco de España, en un pleno donde la oposición ha puesto en duda la tarea de supervisión que realizó el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).
La comisión de investigación, cuya creación había sido propuesta por Esquerra Unida, tiene como finalidad "aclarar qué ha pasado en la caja" y la cuestión de las indemnizaciones de sus directivos, así como los avales a proyectos no viables y las responsabilidades políticas.
El grupo socialista ha pedido a los directivos de la CAM que devuelvan "las indemnizaciones millonarias y los exagerados planes de pensiones" y a los consejeros, las retribuciones "que nunca debieron cobrar". El PP ha mostrado su intención de establecer las responsabilidades del Banco de España en su labor de supervisión de la caja y en lo sucedido con las indemnizaciones a sus consejeros.
