Garzón encarcela a cinco políticos de PSC y CiU de la trama catalana
Prenafeta y Alavedra, ex consejeros de Pujol, cobraron 637.590 euros cada uno en comisiones.- El cerebro de la trama, Luis García (PSC), ingresó ocho millones
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha enviado a prisión incondicional a cinco políticos del PSC y CiU de la trama inmobiliaria de la Operación Pretoria, entre ellos los dos históricos consejeros de CiU durante la etapa de Jordi Pujol Lluís Prenafeta y Macià Alavedra. Garzón también decretó la prisión incondicional para el presunto cerebro de la trama, el ex diputado autonómico expulsado del PSC Luis García, Luigi; para el alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz (PSC), y el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco.
El juez atribuye a Lluís Prenafeta y a Macià Alavedra haber percibido al menos 637.590 euros cada uno por operaciones inmobiliarias en Sant Andreu de Llavaneres (Opeación Niesma) y en Badalona, "no excluyéndose otras cantidades", según el auto del juez. Alavedra, además, dispone de cantidades fuera de España y ha desarrollado "actividades de blanqueo de capitales".
Los empresarios imputados -Lluís Casamitjana, presidente del grupo Espais, y el de Proinosa, Josep Singlá- podrán eludir la prisión si pagan antes de las 13.00 horas del lunes una fianza de 500.000 euros. Manuel Carrillo, consejero delegado de Limasa, quedó en libertad tras aducir que no tenía nada que ver con la trama, aunque el juez decretó para él una fianza de 100.000 euros. Para el gerente de Servicios del Ayuntamiento de Santa Coloma, Pascual Vela, decretó una fianza de 25.000 euros.
El fiscal Anticorrupción Luis Pastor también había pedido como medida cautelar el bloqueo de las cuentas bancarias de todos los imputados y que se les impida la disposición de fondos, pero Garzón no hizo ningún pronunciamiento al respecto. Los empresarios y Dobarco tendrán que comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado.
El auto de Garzón constata la existencia de un grupo organizado de personas en torno al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, con ramificaciones en otras localidades de Cataluña, de Andorra, Suiza, Gibraltar, Portugal y en las Islas Madeira y Caimán. Utilizaban estos lugares para labores de blanqueo del dinero obtenido de la actividad principal de algunos miembros de este grupo en España por la adquisición de importantes obras de arte.
Las actividades principales del grupo consistieron, según Garzón, en lograr modificaciones de los planes de ordenación urbana, el cobro de comisiones, cohecho, fraude a la hacienda pública, fraude en las subvenciones de la Unión Europea, exacciones ilegales y tráfico de influencias entre los componentes del grupo, aprovechando los cargos institucionales de unos, la posición y contactos políticos de otros y la actividad empresarial de los demás.
Tanto Prenafeta como Macià Alavedra utilizaron sus contactos con organismos oficiales para facilitar los proyectos empresariales representados por Lluís Casamitjana, que les paga comisiones a través de su empresa Espais, procediendo al blanqueo de las mismas. La actividad de contactos con autoridades y cargos públicos para obtener beneficios y proyectos para la empresa de Casamitjana ha continuado hasta la actualidad, en particular respecto de un edificio para la Generalitat de Cataluña y una promoción en Cerdanyola del Vallés.
Luis García, Luigi, el principal responsable de la trama, se erigió en una especie de "consejero" que decidía e impartía las decisiones en el Ayuntamiento de Santa Coloma. Por sus actividades de intermediación y de influencia sobre el alcalde, Bartomeu Muñoz, habría percibido al menos 8.026.000 euros por las operaciones inmobiliarias, entre 2001 y 2007, denominadas Pallaresa, Niesma y Badalona.
Los nueve imputados declararon este viernes desde las 10 de la mañana hasta las seis de la tarde. A las nueve de la noche les fue notificado el auto del juez Garzón y los cinco encarcelados fueron conducidos a la prisión de Soto del Real (Madrid). El PSC anunció que el próximo lunes expulsará del partido a sus tres militantes implicados: el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, el teniente de alcalde Manuel Dobarco y el director de servicios municipales Pascual Vela.
