La Fiscalía concluye que no hubo intento de agresión en la visita de Güemes al Clínico

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha informado esta mañana, apenas 24 horas después de la apertura de una investigación por los supuestos intentos de agredir a Juan José Güemes durante su visita al hospital Clínico, que no hay caso. En una nota, la Fiscalía de Madrid ha concluido que no hay constancia de que las personas que participaron en los altercados que se produjeron el miércoles en el centro médico intentaran dañar o atacar al consejero de Sanidad. lejos de dar su brazo a torcer, el Gobierno de Madrid ha expresado su "gran sorpresa por la excesiva rapidez" con la que la Fiscalía ha decidido archivar y remitir al Juzgado el altercado y ha anunciado que se personará como acusación particular en el caso.

Tras ordenar a la Policía Nacional que identificara a los autores de los insultos e intentos de agresión contra el consejero durante la protesta que se organizó en el Clínico para denunciar la situación de la sanidad pública, el Ministerio Público, a la vista del informe, ha determinado que no hubo tal intento de agresión. Así, considera que lo ocurrido fue un "incidente de desórdenes públicos y agresión" a miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, "sin que haya constancia de ataque alguno o intento de dañar al consejero de Sanidad, Juan José Güemes". Por ello, la Fiscalía ha remitido el atestado policial al Juzgado decano de Madrid y va a ordenar el archivo de las diligencias de investigación para su seguimiento en este órgano judicial.

Las acusaciones de Beteta

Dos centenares de trabajadores, la mayoría sindicalistas, esperaron en las puertas del hospital la llegada de Güemes y se formó un tumulto del que salían abucheos e insultos contra el consejero, que entró escoltado por la policía. Algunos de los manifestantes, que protestaban contra las privatizaciones de la sanidad pública, se llevaron alguna contusión y tres de ellos fueron detenidos. La del miércoles fue la quinta visita del consejero de Sanidad a un centro médico con abucheos y altercados en 11 días.

Al Gobierno de Esperanza Aguirre no ha sentado bien que la Fiscalía no vea las supuestas agresiones a Güemes que ellos sí ven. La presidenta del Ejecutivo, Esperanza Aguirre, pidió la actuación de la fiscalía en el diario Abc: "Estos hechos no pueden quedar impunes y el fiscal tiene que actuar de oficio", declaró la presidenta al diario. Tras conocer la noticia del archivo del caso y su envío al Juzgado, el consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, no "ha querido entrar" en la decisión de la Fiscalía, pero ha expresado la "gran sorpresa" que le produce al Gobierno de la Comunidad la "excesiva rapidez" y la forma tan "prematura" con la que se ha valorado si realmente hubo o no "intento de agresión" u "otro tipo de delitos" contra Güemes. Por ello, ha anunciado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid "se va a personar en el Juzgado correspondiente como acusación particular, para salvaguardar los intereses del consejero de Sanidad y, sobre todo, de los nueve policías nacionales que fueron agredidos por parte de los alborotadores hace un par de días en la puerta del hospital Clínico".

En la misma línea, el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, ha contraatacado pidiendo al Ayuntamiento de Rivas que dé explicaciones "por poner un autobús para llevar a los manifestantes a las puertas de los hospitales y así poder gritar" a Güemes. Beteta ha argumentado que éste es un tema "muy grave" ya que a su juicio, son algunos ayuntamientos los que participan en estas manifestaciones. En declaraciones a Telemadrid, el titular madrileño de Economía ha explicado que las manifestaciones contra Güemes se deben a que el PSOE "ha externalizado la oposición política".

"El Gobierno se ha declarado incompetente para llevar a cabo la oposición en Madrid y se la ha subcontratado a los liberados sindicales, por lo que son ellos los que la llevan a cabo", ha añadido. "Eso sí, hay un problema, y es que como los sindicatos no están cualificados para sentarse en la Asamblea, porque para eso haría falta que pasaran por las urnas y fueran elegidos, pues se ponen muy nerviosos, y están pasando del insulto, la pancarta y la huelga a lo que es el Código Penal y la agresión a los políticos, a los funcionarios públicos y a insultar incluso a los pacientes en los hospitales", ha añadido.