La Fiscalía estudia rebajar considerablemente la petición de pena para el etarra De Juana Chaos

La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que la petición inicial de 96 años de cárcel que iba solicitar para el preso de ETA Iñaki de Juana Chaos es desproporcionada, y estudia ahora fórmulas para rebajarla hasta aproximadamente los seis años, según han informado fuentes del ministerio público a la agencia de noticias Efe. De Juana abandonó anoche la huelga de hambre que mantenía desde el 7 de agosto, pero sigue hospitalizado tras haber tenido que ser alimentado contra su voluntad ante su mal estado de salud tras 63 días de protesta.

Fuentes cercanas a De Juana señalaron ayer al diario Gara que “se encuentra bien” y evoluciona “de forma positiva” en el hospital Doce de Octubre de Madrid. De Juana está en prisión preventiva tras haber sido procesado en agosto de 2005, mes en que extinguía la condena que se le impuso por su participación en 11 atentados que costaron la vida a 25 personas. El etarra había sido condenado a más de 3.000 años de cárcel, pero redimió 12 de los 30 de cumplimiento máximo previstos.

Su prevista excarcelación fue evitada cuando lo procesó la Audiencia Nacional por los presuntos delitos de integración en banda terrorista y amenazas terroristas en dos cartas que De Juana había publicado precisamente en el diario Gara en 2004. En un principio, la Fiscalía solicitó 96 años de cárcel para De Juana, el equivalente a la que se le impondría por tres asesinatos consumados. Ahora, a expensas de la vista oral, estudia forma para rebajar esa petición.

Entre las fórmulas barajadas está englobar la acusación (un delito de integración en banda terrorista y seis de amenazas terroristas) en un solo de amenazas continuado o incluso en otro que resultara en una petición de pena de alrededor de seis años. El pasado 7 de septiembre, la Fiscalía rebajó de 12 a 2 años de prisión la pena para el etarra Ignacio Bilbao Goikoetxea por amenazas al magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. La justificación fue que la petición inicial por el delito de amenazas era equiparable a la de homicidio, es decir, no guardaba proporcionalidad con los hechos enjuiciados.