La Fiscalía pide 9 años de inhabilitación para el edil de urbanismo de Creixell

La Fiscalía de Tarragona pide nueve años de inhabilitación y una multa de 9.000 euros para el edil de urbanismo de Creixell (Tarragona), Juan José Conesa, por supuestas irregularidades en la compraventa de unos terrenos de su propiedad. Por aquella operación, realizada cuando Conesa era alcalde de la localidad, el fiscal le acusa de un delito contra la ordenación del territorio mediante el cual el acusado habría obtenido unos 65.000 euros de beneficios.

Conesa ostentó la alcaldía de Creixell desde 2001 hasta 2003. En noviembre de 2002 el acusado adquirió solares por unos 25.500 euros mediante la empresa Conesa Estabilizaciones y Jardinería, en la cual figuraba como administrador. Un mes después los vendió a la empresa Castellmar-Euromar 2000 por 90.100 euros, más de tres veces su valor de compra a través de un contrato privado que no se formalizó hasta meses después. El representante de la empresa compradora no otorgó la escritura pública de compraventa hasta mayo de 2003, una vez hubo obtenido las preceptivas licencias de obras tras la supuesta mediación del alcalde.

La Alcaldía promulgó ese mes un decreto en el que concedía la licencia de obras a Castellmar-Euromar 2000 para la construcción de tres viviendas unifamiliares, que luego extendió con otra licencia para construir dos viviendas más. El entonces alcalde desoyó en esa decisión a dos informes del consistorio desfavorables a esos permisos. El arquitecto municipal y el secretario elaboraron sendos documentos en los que subrayaban que los terrenos no cumplían con la condición de solar que fija la ley de urbanismo de la Generalitat. La alcaldía desestimó ambas versiones por motivos no aclarados, detalla el fiscal.

La operación también está supeditada a un posible delito de prevaricación, recoge el escrito de la fiscalía. Ésta sostiene que los terrenos se revalorizaron por la concesión de la licencia de obras y que Conesa firmó el decreto pese a que debía inhibirse de la decisión por ser parte interesada. El juicio se celebrará a mediados de 2010.