La Fiscalía ve indicios de delito en los pagos irregulares a Unió

La Fiscalía de Barcelona considera que los presuntos pagos irregulares a Unió Democràtica de Catalunya (UDC) por parte de la Fundació Catalunya i Territori, próxima al partido democristiano, y de tres empresas que organizaron congresos, podrían se delictivos y, por tanto, han de ser investigados por la justicia. Con todo, fuentes de la investigación explicaron que el caso podría acabar salpicando al diputado de Unió en el Congreso Josep Sánchez Llibre, por lo que si se confirman esos indicios, el caso sería remitido a la Fiscalía General del Estado para que decida la actuación a seguir al tratarse de un aforado.

La supuesta implicación de Sánchez Llibre en el caso habría procedido de la declaración prestada ante la policía por un proveedor, quien relató que fue el diputado en el Congreso quien le instó a que se dirigiera a la red de empresas investigadas y a la fundación para cobrar una deuda por servicios prestados a Unió, y que, además, emitió facturas falsas. El presidente de la fundación cercana a Unió a través de la cual se giraron las facturas falsas es Josep Boqué, al que se le considera muy cercano a Sánchez Llibre.

La fiscalía inició la investigación hace unos meses a raíz de una comunicación remitida por la Agencia Tributaria y posteriormente se añadió un informe enviado por la dirección general de Derecho y Entidades del Departamento de Justicia, que durante un año y medio analizó la contabilidad y la actividad de la Fundació Catalunya i Territori y encontró indicios delictivos.

La investigación está prácticamente concluida, a la espera de que la policía entregue su informe definitivo sobre la investigación realizada y que diversos bancos remitan la información solicitada. La hipótesis que maneja la fiscalía es que la citada fundación recibió donativos privados por valor de 2,5 millones de euros entre el 2003 y el 2007 y que en el 2008, último ejercicio fiscalizado, hay aportaciones de la Fundación Privada Abertis, el BBVA y la Fundació Catalana per les Relacions Internacionals (Intercat), que preside Salvador Sedó, consejero nacional de Unió y candidato de CiU en las últimas elecciones europeas.

Tras recibir esa documentación, la fiscalía analizará todos los hechos y adoptará una postura definitiva, aunque la primera impresión es que los hechos podrían ser delictivos. Si se consideran que implican a Sánchez Llibre, la fiscalía de Barcelona redactaría un informe con su criterio y lo remitiría a la Fiscalía General del Estado. Si esta institución cree que se ha de actuar legalmente contra el diputado de Unió, deberían redactar la querella e interponerla ante el Tribunal Supremo. Si, por el contrario, se considerara que no existen indicios de delito, el caso volvería a Barcelona donde muy probablemente la fiscalía presentaría una querella.

La investigación se extiende también a las compañías Fet i Fet, Final Versión y Serveis Gestió i Intermediació, radicadas en Barcelona y con muy poca actividad, y que se hicieron cargo, mediante facturas falsas, de pagos de servicios prestados a Unió, y que se nutrían de dinero traspasado desde la Fundació Catalunya i Territori.

La investigación intenta aclarar pagos por más de un millón de euros por servicios prestados a Unió de los que una parte los pagó el partido, y más de una decena de personas, algunas imputadas por un presunto delito de falsedad documental, han declarado ante el la Policía.

Duran se ha enterado por la prensa

El portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados y líder de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, afirmó hoy que desconoce que la Fiscalía esté investigando las cuentas de Unió ante la posibilidad de que haya utilizado empresas para sufragar gastos del partido. No obstante, ofreció "todas las facilidades" a la Fiscalía ante el convencimiento de que "no hay nada que pueda ser perseguible como delito".

Josep Sánchez Llibre también ha afirmado haberse enterado por los medios de comunicación y ha expresado su "tranquilidad total" respecto a los hechos que se investigan.