Francia permite juzgar en España los delitos cometidos por los dos etarras en ambos Estados

Francia permitirá por primera vez que la justicia española persiga y juzgue en España los delitos cometidos en ambos Estados por los presuntos etarras Asier Larrinaga y Garikoitz Etxeberria, detenidos en la localidad francesa de Ascain el pasado día 9. La justicia francesa ha decidido no procesar a los dos terroristas para agilizar la euroorden solicitada por la Audiencia Nacional. Las fiscalías antiterroristas de ambos países trabajan en una "cesión de jurisdicción" por parte francesa, de tal manera que Francia se convertiría en denunciante en España de los delitos cometidos en su territorio.

Precisamente, ayer Larrinaga y Etxeberria fueron trasladados a la cárcel de Pau, capital del departamento francés de los Pirineos Atlánticos, donde permanecerán hasta el martes cuando tendrán que comparecer en el palacio de justicia donde serán estudiadas las dos euroórdenes presentadas por la Audiencia Nacional para que sean entregados cuanto antes.

El juez Juan del Olmo, instructor del caso por el hallazgo del zulo de Amorebieta y los explosivos de Atxondo (Vizcaya) remitió las euroórdenes para los dos etarras por delitos de terrorismo, participar en una organización criminal, tenencia de explosivos y falsificación de placas de matrículas.

Larrinaga y Etxebarria fueron detenidos en la frontera en posesión de una pistola y documentación falsa. Como la petición española se refiere a delitos más graves que la acusación que pudiera formularse en Francia contra los dos etarras y alguno de ellos, como la pertenencia a banda armada o la asociación de malhechores son equivalentes, el Estado francés realizaría una "cesión de jurisdicción" para que todos los hechos, los cometidos en ambos países sean perseguidos y juzgados en la Audiencia Nacional.

La portavoz de la Fiscalía, Dolores Delgado, calificó de "histórica" la decisión de la justicia francesa, que deberá plasmarse en la resolución que se adopte el martes en el tribunal de Pau.

Precedente español

La justicia española ya realizó una operación similar en enero de 2005, cuando entregó a la justicia francesa al etarra Peio Alcantarilla, residente en Urrugne (Francia). Alcantarilla había recibido 66.000 euros de ETA para construir en su casa un zulo subterráneo, de unos 40 metros cuadrados, al que se accedía con un sistema hidráulico activado con un mando a distancia, en cuyo interior se encontraron 250 kilos de clorato, 70 de azufre y 4 de polvo de aluminio así como 30 granadas, 31 lanzagranadas, 12 morteros "Jotake" y un misil antiaéreo de fabricación rusa. Como las pruebas contra el etarra eran mucho más abundantes y los cargos contra él más importantes en Francia, España accedió a que fuera juzgado allí.

La actual reclamación española no afecta a la posible implicación de al menos uno de los etarras, Asier Larrinaga, en el atentado con coche bomba contra la terminal T-4 del aeropuerto de Barajas el pasado día 30 de diciembre, en el que fallecieron dos ciudadanos ecuatorianos.

El juez Santiago Pedraz, instructor del sumario del citado atentado, ha reclamado a los Cuerpos de Seguridad del Estado que le informen sobre si Larrinaga fue la persona que realizó uno de los avisos de bomba durante la mañana del día 30. El móvil utilizado en la mencionada comunicación había sido adquirido recientemente y activado pocas horas antes del atentado. El magistrado, sin embargo, no podría plantear la entrega del etarra sólo con sospechas y tendrá que esperar a que avancen las investigaciones y se encuentren pruebas de su participación en el atentado o esperar a interrogarle una vez que haya sido cumplimentada la euroorden de Del Olmo y Larrinaga ya esté en España.

Por otro lado, la Audiencia Nacional suspendió ayer por la ausencia de varios testigos el primer juicio por terrorismo que iba a celebrarse tras la ruptura del alto el fuego por parte de ETA.

Se trataba de nueve integrantes de Segi, la estructura de las juventudes de la izquierda abertzale, acusados de la distribución de ejemplares de Zutabe, el boletín interno que ETA hace llegar a sus militantes y simpatizantes.

El fiscal solicita seis años de prisión para cada uno de ellos por delito de colaboración con banda terrorista. El juicio no llegó a iniciarse al percatarse de la ausencia de varios de los testigos de cargo, entre ellos un guardia civil destinado actualmente en Afganistán.

Además, ayer la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo decidió interponer recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional que absolvió al miembro de ETA Gregorio Vicario Setién en el juicio por el secuestro del empresario José María Aldaia.

La Audiencia estimó que ni el fiscal ni las acusaciones habían llevado al juicio, a pesar de estar en el sumario, una prueba de ADN que situaba al acusado en el zulo en el que estuvo secuestrado Aldaia. La Fiscalía pide ahora que se valore esa prueba y que se condene a Vicario Setién por delito de secuestro.