"Que Franco esté muerto no impide esclarecer los hechos"

Los jueces de instrucción, a los que el juez Baltasar Garzón ha traspasado la causa contra el franquismo, tendrán que decidir sobre las denuncias de desapariciones sin que haya un criterio único de actuación. Por eso, la juez de instrucción de primera instancia de Calatayud, ahora destinada en Barcelona, Amaya Olivas, ha elaborado un protocolo que oriente a sus colegas. "Lo hice porque me parecía vergonzoso cómo los juzgados estaban tratando a las víctimas. Salían huyendo cuando les llegaba un caso. Si alguien encuentra unos huesos en un descampado, se llama a la policía judicial y se extraen muestras de ADN para averiguar quién es. ¿Por qué si se sospecha que son restos de fusilados durante la Guerra Civil se plantea que no?"

Olivas estudió todos los tratados internacionales y protocolos de países como Argentina o Chile y los adaptó a la normativa española. El resultado se titula La intervención del juez de instrucción en las diligencias de investigación seguidas por desapariciones forzadas en la dictadura franquista. Se inspira, sobre todo, en el Protocolo de Minnesota, adoptado por la ONU en 1991 para la investigación de ejecuciones extralegales.

Entre otras cosas y amparándose en esa legislación internacional, establece que el que los verdugos estén muertos no es un impedimento. "Que Franco esté muerto no impide aclarar los hechos. Una de las finalidades del proceso penal es aplicar la responsabilidad a través de una condena, pero no es la única. Hay otras, como el esclarecimiento de unos hechos y el derecho a la verdad y la reparación a las víctimas. Se trata de hacer una instrucción dedicada a las víctimas".

Desaparición de pruebas

La juez establece un modelo de instrucción con las siguientes fases: elaboración de fichas ante mortem de las víctimas, recabando toda la información sobre los desaparecidos en archivos públicos o privados; identificación y toma de declaración a testigos; creación de un informe sobre las víctimas y las fosas, y exhumación.

El protocolo advierte de las dificultades de este tipo de investigaciones, como el avanzado estado de descomposición de los restos que borra "pruebas colaterales" como la forma de las heridas, las huellas en el lugar de los hechos... y recomienda un equipo multidisciplinar de médicos y patólogos forenses, criminólogos e historiadores para asegurar un buen estudio histórico de bases documentales, la recogida de testimonios, la recuperación de los restos y su estudio antropológico.