El tribunal militar sube a dos meses de arresto la condena al capitán Milans del Bosch por delito de injurias leves al Rey
El tribunal militar que ayer juzgó en nuevos consejos de guerra al coronel de Infantería Alvaro Graíño y al capitán de Caballería Juan Milans del Bosch, hijo éste último del teniente general del mismo apellido procesado en la causa por el frustrado golpe de Estado del 23-F, ha condenado al primero a dos meses y un día de arresto militar, como autor de una falta grave a las autoridades militares, y al segundo, a dos meses y un día de arresto mayor, como autor de un delito de injurias leves al Jefe del Estado. La condena al coronel Graíño es la misma que le fue impuesta en la sentencia del tribunal militar que le juzgó el 28 de octubre pasado, mientras que la recaída ahora sobre al capitán Milans del Bosch es superior en un mes a la que le impuso el mismo tribunal.
Las dos sentencias primitivas habían sido anuladas por el capitán general de la I Región Militar (Madrid), teniente general Quintana Lacaci, por un defecto de forma observado en las actas de dichas resoluciones judiciales, consistente en la omisión del nombre del vocal ponente que formaba parte del tribunal.En los consejos de guerra celebrados ayer el fiscal militar mantuvo su primitiva petición de siete meses de prisión para el coronel Graíño y de seis meses de arresto mayor para el capitán Milans del Bosch, mientras que los abogados defensores de los procesados, comandante Alejandro Lastres y letrado Manuel Rivas Guadilla, respectivamente, insistieron en solicitar la libre absolución.
Los nuevos consejos de guerra han constituido prácticamente una repetición de los anteriores, aunque han sido inevitables las referencias del fiscal y de los abogados defensores, cada uno de ellos en apoyo de sus respectivas posiciones, a las sentencias anuladas de los anteriores consejos de guerra. Tanto el fiscal militar como los abogados defensores se mostraron disconformes con los fallos de dichas sentencias, que condenaron al coronel Graíño, como autor de una falta de respeto a las autoridades militares, a dos meses y un día de arresto militar, y al capitán Milans del Bosch, como autor de un delito de injurias leves al Jefe del Estado, a un mes y un día de arresto mayor.
Los consejos de guerra se celebraron ante el mismo tribunal que la vez anterior, si bien formado por distintos miembros, bajo la presidencia del general de división Salvador Portillo Togores. Entre el público destacaba la presencia de los abogados Angel López Montero y Antonio Muñoz Perca, defensores de los procesados en la causa por el frustrado golpe de Estado del 23-F.
La causa contra el coronel Graíño tuvo su origen en una carta de dicho militar dirigida a Diario 16 y publicada en dicho periódico el 27 de noviembre de 1980. La carta, titulada "Militares, huelga de celo al revés", aludía a tendencias ultraderechistas de parte del Ejército.
El fiscal mantuvo su primitiva calificación de los hechos como un delito de injurias al Ejército, y no como una falta de respeto a las autoridades militares. El fiscal manifestó que las injurias están vinculadas en este caso al contexto general de la carta del coronel Graíño, y no a una palabra o frase concretas.
Esta posición del fiscal fue ampliamente combatida por el defensor, comandante Lastres, con abundante jurisprudencia, que tendía a demostrar que la acusación en los delitos de injurias debe concretar las palabras o frases supuestamente injuriosas. "Se ha llegado al acto de la vista", manifestó el defensor, "sin que se concreten las frases supuestamente injuriosas del escrito, en el que sólo existen pronunciamientos políticos, de los que se podrá discrepar, pero que son perfectamente lícitos". Al final de la vista el coronel Graíño manifestó con emoción que jamás tuvo la intención de ultrajar al Ejército, ya que, al ser descendiente de militares, al injuriar al Ejército hubiera injuriado a su propia familia, y recordó el acto de su jura de la bandera bordada por la reina María Cristina hace ya 37 años.
Opinión sobre el Rey
Después se inició el consejo de guerra contra el capitán Milans del Bosch, acusado por el fiscal militar de un delito de injurias al Jefe del Estado. La causa contra dicho capitán tiene su origen en la frase "el Rey es un cerdo y un inútil", pronunciada por este militar durante una conversación mantenida con algunos familiares, en la tarde del día 19 de mayo de 1981, en el bar de la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo de Madrid. Esta frase fue escuchada por el capitán de Infantería Salvador Aymerich, que se encontraba en la barra de dicho bar, e intervino para recriminar la conducta del capitán Milans del Bosch. Según el fiscal, al ser advertido el capitán Milans de que el capitán Aymerich parecía querer escuchar la conversación que mantenían, aquél pronunció en voz alta la frase: "Para quien quiera oírlo".Tras un breve interrogatorio al procesado, en el que éste manifestó que nunca tuvo intención de injuriar al Rey, aunque su opinión sobre el Jefe del Estado en aquel momento era la contenida en la referida frase, el fiscal militar mantuvo su petición de seis meses de arresto mayor para el procesado como autor de un delito de injurias leves al Jefe del Estado. El fiscal manifestó que la "intervención del capitán Aymerich pudo ser más o menos afortunada, si bien constituyó siempre un acto de ciudadanía al denunciar unos hechos delictivos perseguibles de oficio, pero en todo caso el incidente surgido entre ambos militares no era el objeto del juicio".
Conversación en familia
El fiscal militar insistió en que es lícito discrepar de la conducta o del pensamiento de las autoridades, pero que nunca es lícito manifestar esta discrepancia con frases soeces o injuriosas. Resaltó también el carácter objetivamente injurioso de la frase contemplada en su significado gramatical, y añadió que el elemento subjetivo, es decir, la intención de injuriar, se ponía de manifiesto en la frase dicha en voz alta por el procesado: "Para quien quiera oírlo".El abogado defensor del capitán Milans, letrado Manuel Rivas Guadilla, procurador en Cortes por los colegios profesionales en el anterior régimen, se refirió en primer lugar a las opiniones vertidas por determinados medios de información a raíz de la anterior sentencia contra su defendido, que más tarde sería anulada, y calificó dichas opiniones de "desaforada algarabía" de los eternos enemigos de la independencia judicial.
Tras manifestar que no hubo delito porque las supuestas frases injuriosas las dijo su defendido en una conversación en familia, el abogado defensor del capitán Milans resaltó el carácter intencional y circunstancial de delito de injurias. "Si la frase", dijo, "fue realmente pronunciada en la conversación falta la intencionalidad, dado el marco privado en que se produjo". Por otra parte, el defensor llamó la atención del tribunal sobre el hecho de que la frase "para quien quiera oírlo" fue pronunciada por su defendido cuando fue advertido por uno de sus familiares de que el capitán Aymerich, del que en aquel momento desconocían su identidad, parecía querer escuchar la conversación.
Al término de la vista, el capitán Milans, preguntado si tenía algo que añadir, manifestó que no tuvo ánimo de injuriar al Rey y que era una opinión que manifestaba a su mujer. "Ha salido a la opinión pública", dijo, "la opinión que tenía sobre el Rey en ese momento, pero no creo que esa opinión tenga nada que ver con un delito de injurias".
