El plan de ordenación de sierra Nevada, recurrido por los socialistas

Las razones aducidas por los recurrentes se basan fundamental mente en la posible legitimación que las normas aprobadas daría a «las graves actuaciones especulativas llevadas a cabo durante los últimos años por individuos y sociedades que han incidido negativamente en la conservación del término municipal de Monachil», así como en la planimetría presentada, insuficiente, según el escrito enviado al MOPU, para determinar con la precisión necesaria los distintos usos de la correspondientes zonas protegidas o urbanizables de la sierra.Por otro lado, a pesar de que todas las rectificaciones introducidas al proyecto óriginal por la Comisión Provincial de Urbanismo lo han sido dentro de los pla zos legales en el recurso de alzada presentado por los militantes del PSOE se pide al ministro señor Garrigues que aquéllas no se den por aprobadas definitivamente y en su lugar vuelva a abrirse un nuevo plazo de exposición al público y su correspondiente período de reclamación

Cetursa controla la sierra

Aunque las normas de urbanismo del término municipal de Monachil fueron en su día encargadas por el propio Ayuntamiento de la localidad, para todo el mundo resultó entonces evidente que al fondo de dicho encargo se encontraba la empresa concesionaria de la explotación turística y deportiva de la nieve de sierra Nevada, Cetursa, una sociedad constituida a principios de los años sesenta, precisamente para acudir al concurso convocado por el Ayuntamiento de Granada después de que éste comprara los terrenos del valle alto del río Monachil, por unos tres millones de pesetas, a sus propietarias legales de entonces, las religiosas de la Compañía de las Madres Adoratrices.Entre los fundadores de Cetursa figuraban algunos nombres tan relevantes en los ambientes financieros, empresariales é incluso jurídicos granadinos como los Susino, Lachica, Espinosa, Massats y el propio Jiménez Blanco, actual portavoz del grupo parlamentario de UCD en el Senado. Asimismo, aunque su nombre no figurase en principio entre los fundadores de la sociedad, en Granada no ha dejado de llamar la atención el detalle de que quien entonces estaba al frente de la alcaldía y llevó a efecto la compra de los terrenos a las monjas, el señor Sola Rodríguez-Bolívar, sea en la actualidad presidente del consejo de administración de Cetursa.

En este contexto y alrededor de todo un «entramado de corruptelas, que pueden afectar a algunos funcionarios públicos», es en el que los socialistas granadinos vienen trabajando seriamente desde hace varios meses -con la vista puesta, sin duda, en la próxima campaña electoral municipal-, habiendo señalado ya en reiteradas ocasiones la actuación respecto a sierra Nevada del Ayuntamiento de la ciudad y las relaciones existentes entre el Banco de Granada, Cetursa y el senador Antonio Jiménez Blanco, a quien el PSOE ha tratado de implicar

Ayuntamientos presionados

Según el PSOE, Cetursa que controla prácticamente los destinos de Sierra Nevada y recibe todos los privilegios de los distintos ministerios para la promoción del deporte y el turismo, está realizando instalaciones de muy alto costo económico, que presentan sin embargo deficiencias técnicas muy acusadas. En la sierra se han realizado, por otro lado, o se están realizando en la actualidad, obras no permitidas por los planes de ordenación vigentes, cuyo ejemplo más claro puede ser quizá el del edificio del Marbella Club, construido sin licencia, en zona rústica no edificable y a la vista de todo el mundo.Asimismo, según el PSOE, los respectivos ayuntamientos de Guejarsierra, Monachil, Dílar, Capileira y otros municipios de las faldas de Sierra Nevada, están siendo presionados para que «se hagan o se aprueben planes generales, parciales o normas subsidiarias que beneficiarían muy espectacularmente a grandes grupos financieros que han comprado extensas áreas de nuestra sierra».

Tal es el caso, fundamentalmente, de los Fierro en el valle de San Juan, perteneciente al término de Gilejar -único ejemplo, por otra parte, que los socialistas citan una y otra vez en sus repetídos comunicados de denuncia a la opinión pública-, de Antonio van de Walle y el marqués de Villaverde, en el término de Monachil, y otros, en su mayoría extranjeros, en las demás zonas. Especialmente significativo resulta, en este sentido, el caso de la creación de la sociedad Dornajo, SA, y la compra de los terrenos de la antigua central eléctrica de Diéchar, meses antes de que el Ministerio de Obras Públicas diera luz verde al proyecto de la variante del Dornajo sobre la carretera que sube de Granada a Sol y Nieve, que cruza precisamente dichos terrenos.

Participación popular

En esta ocasión, sin embargo, los firmantes del recurso de alzada contra la reciente aprobación de las Nornas Subsidiarias de Monachil no han tenido en cuenta, al parecer, dos detalles que no les eran en absoluto desconocidos y que resultan de especial importancia a la hora de valorar el resultado final del referido planeamiento urbanístico: la personalidad del auror material de las normas, por un lado, y el proceso de gestación y redacción definitiva del proyecto, por el otro.Las Normas Subsidiarias de Monachil están firmadas, efectivamente, por el arquitecto Luis Felipe Aparicio, actual presidente del Colegio de Arquitectos de Andalucía Oriental y persona de conocido y demostrado talante democrático, que ha destacado durante los últimos años en la lucha ciudadana y profesional contra todo tipo de infracciones, irregularidades y actuaciones ilegales en relación con el urbanismo granadino.

Basándose, pues, en la vigente ley del Suelo, y conociendo la fuerte implantación de los partidos democráticos en la localidad de Monachil -donde en las elecciones de junio del 77 quedaron empatados en cabeza UCD y PCE, seguidos a poco más de cien votos de diferencia por el PSOE-, el señor Aparicio condicionó la aceptación del encargo del Ayuntamiento de Monachil a la puesta en práctica, por primera vez en la provincia de Granada, de un proceso verdaderamente democrático en la confección y redacción de las normas, basado en una efectiva participación popular por parte de la comunidad interesada y afectada por las mismas, lo que fue aceptado por la Corporación municipal y con cuyo fin fueron inmediatamente invitados todos los partidos políticos y asociaciones de vecinos de la localidad.

En este sentido, según declaró a EL PAIS el propio Luis Felipe Aparicio, desde noviembre del pasado año y durante seis meses, prácticamente todos losjueves, se hicieron reuniones -a las que, generalmente, acudieron representantes de la Agrupación Local del PSOE en Monachil- y se discutieron de forma democrática las bases de las normas con las que todo el mundo pareció estar de acuerdo en el momento de su redacción definitiva.

En cuanto al planeamiento urbano y la explotación de los recursos naturales de la sierra en las normas aprobadas por la Comisión Provincial de Urbanismo, se indica con claridad el interés de que sea el propio Ayuntamiento quien lleve a cabo dicha explotación.

El recurso de alzada presentado ante el MOPU resulta, de esta manera, un procedimiento claramente dilatorio para la aprobación de las citadas normas, según informaron a EL PAIS juristas presentes durante nuestra entrevista con el señor Aparicio, puesto que «no hay razones de fondo que justifiquen la pretensión aducida por el PSOE de sacar nuevamente el proyecto a información pública»

«La pretensión de los firmantes del recurso -terminó diciendo diciendo Luis Felipe Aparicio- no es en absoluto justificable más que por el deseo de un mayor control en la explotación de la nieve y demás recursos naturales de la sierra por el propio Municipio y en beneficio de la economía del pueblo de Monachil, lo que precisamente se ha tenido en cuenta tanto en la redacción como en el fondo de las normas subsidiarias por mi firmadas.»