La Fiscalía del Estado abre diligencias para investigar operaciones de Juan Guerra
El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Cádiz, Jaime Ollero, ha abierto diligencias informativas para esclarecer si se han producido conductas delictivas en relación con la intervención de Juan Guerra González, hermano del vicepresidente del Gobierno, en la tramitación urbanística del proyecto turístico-inmobiliario Puerto de la Plata, destinado a la localidad gaditana de Barbate (Cádiz) y cuyos promotores fueron presentados a las autoridades municipales por Juan Guerra.
Las diligencias se pusieron en marcha el pasado día 11, a instancias del fiscal general del Estado, Javier Moscoso. Ollero ya ha solicitado al Ayuntamiento de Barbate que le remita el acuerdo adoptado por la corporación el pasado 30 de diciembre por el que se aprobaba el protocolo del proyecto. También reclama que le envíe el dictamen técnico emitido por el servicio municipal correspondiente, así como toda la documentación presentada por la empresa.Una vez recibido todo el material, "la fiscalía realizará", señaló Ollero, "un estudio minucioso y se decidirá si se efectúan nuevas diligencias o bien se procede a presentar la correspondiente denuncia o querella, tanto por si los hechos pueden ser objetivamente constitutivos de delito como si se demuestra su total falsedad". El fiscal agregó que "se trata de acreditar la certeza de lo denunciado a través de los medios de comunicación".
Este asunto ha sido considerado como un claro caso de tráfico de influencias, ya que se atribuye a la intervención de Juan Guerra el que el ayuntamiento diera el visto bueno al proyecto. Ollero precisó que la figura de tráfico de influencias no está tipificada en el Código Penal, por lo que, en caso de constituir un delito, habría que encajarlo en las figuras de prevaricación o cohecho.
Alcalde de Barbate
El alcalde de Barbate, Serafín Núñez, manifestó ayer desconocer la iniciativa del fiscal, aunque afirmó que la acogía favorablemente, y aseguró: "Nos parece lo más adecuado". "Se trata", dijo, "de compaginar el desarrollo de nuestro pueblo, a través de este proyecto, con la investigación necesaria, que estoy convencido va a demostrar que, por nuestra parte, actuamos correctamente".
Por otra parte, Javier Pérez de Eulate, hasta ahora arquitecto responsable de la valoración de fincas urbanas de la delegación provincial de Hacienda de la Junta de Andalucía en Jerez, acusado por los ecologistas gaditanos de llevar a cabo actividades en el sector privado, presuntamente incompatibles con su empleo en la Administración pública, ha solicitado la excedencia voluntarla basada "en motivos familiares y en su trabajo particular y hasta tanto ne, se resuelvan por los tribunales de justicia los recursos presentados".
Asimismo, José Luis Gómez, secretario (de la Asociación de fabricantes de plIacas de matrículas e identifIcación de vehículos (AFAPIVE), afirmó ayer, en rueda de prensa, que la empresa Samart, cuya representación para Andalucía es responsabilidad de Juan Guerra, obtuvo un trato cle favor por parte del Ministerio de Industria y Energía. El portavoz de AFAPIVE aseguró que a Samart se le ha concedido la adjudicación de las placas especiales de la Expo-92 rneses antes de publicarse en el Boletin Oficial del Estado.
Representantes de esta empresa, según el portavoz de AFAPIVE, afirmaron queen la comisión de Bruselas creada para la homologación de las placas de matrícula europeas, la Asociación se encontró con que Samart actuaba como presunto representante de los fabricantes españoles.
Debate en el Congreso,
Por otra parte, el primer pleno que celebre el Congreso de los Diputados tras las vacaciones parlamentarias de enero debatirá sendas proposiciones de ley socialistas sobre incompatibilidades de parlamentarios y altos cargos de la Administración y de las corporaciones locales. Dicho debate se realizará muy probablemente el día 6 ó 7 de febrero -la fecha definitiva está pendiente de una reunión de la Junta de Portavoces-, informa Juan G. Ibáñez.
Las citadas proposiciones de ley recogen los acuerdos tomados por la comisión parlamentaria de Investigación sobre Tráfico de Influencias e Incompatibilidades que funcionó al final de la pasada legislatura. Los acuerdos, trasladados a sendas propuestas legislativas, fueron asumidos y presentados por el Grupo Socialista pero decayeron, junto con todas las demás iniciativas en trámite cuando fueron disueltas las Cortes por el Gobierno para celebrar elecciones anticipadas.
[Asimismo, el PSOE de Andalucía no pedirá la expulsión del partido de Juan Guerra si no lo solicita algún militante, según señalaron fuentes de la ejecutiva, informa Efe. Según las mismas fuentes, para abrir expediente de expulsión a algún militante es preceptivo que lo solicite otro miembro del grupo o alguna agrupación del partido.]
