El Gabinete de Crisis movilizó también al CNI

La convocatoria de la Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis, el pasado sábado por la tarde en La Moncloa, supuso la incorporación formal a este conflicto del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El director del servicio secreto, el general Félix Sanz, participó activamente en la reunión de este órgano y permaneció todo el puente en Madrid. Desde el viernes por la tarde ya funcionaba un primer comité de crisis en la sede del Ministerio de Fomento.

El problema de los controladores no figura en la vigente Directiva de Inteligencia, que fija los objetivos del CNI para este año, pero este documento secreto ya prevé que el presidente le pueda encomendar cualquier otra tarea que considere necesaria. El preámbulo del decreto sobre el estado de alarma, que habla de una "calamidad pública de enorme magnitud", justificaría por sí mismo la movilización del principal servicio de información del Estado.

El CNI dispone de instrumentos de investigación de los que carecen los cuerpos policiales a la hora de identificar a los promotores de una presunta sedición. Cuenta, por ejemplo, con un juez ad hoc del Supremo, en servicio las 24 horas, que puede autorizar la interceptación de comunicaciones o los registros domiciliarios, sin necesidad de que exista un proceso judicial abierto. El problema es que las pruebas así obtenidas han tenido, hasta ahora, difícil encaje ante los tribunales.

En cambio, no parece que el Gobierno tuviera necesidad de que el CNI le avisara del problema que se le venía encima. Lo sabía. E incluso lo tenía medido. Si los controladores de Madrid aplicaban el mismo cómputo de horas de trabajo anual que sus compañeros de Santiago y Canarias, más de un tercio de la plantilla de Barajas y del centro de control de Torrejón faltaría a su puesto en diciembre. Simples matemáticas.