Gallardón acusa a Solbes de maquillar sus cuentas a costa de los municipios

Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid, calificó ayer de "muy preocupante" la decisión del Gobierno de congelar la aportación estatal a los ayuntamientos en los Presupuestos de 2009, decisión que el Ministerio de Economía y Hacienda ha hecho llegar a los representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). "No estoy en absoluto de acuerdo con la política del Gobierno de utilizar los recursos de las entidades locales para mejorar o maquillar sus cuentas", protestó Ruiz-Gallardón (PP), que exige una "reforma urgente de la financiación local, efectiva en 2009".

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, convocó el lunes a sus representantes en la FEMP para articular una estrategia común de oposicion a los planes económicos del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

Ruiz-Gallardón, quien durante su primer mandato acometió la obra más cara emprendida por un ayuntamiento, el soterramiento de la carretera de circunvalación M-30, y para ello contrajo una deuda millonaria, es uno de los primeros alcaldes que se pronuncia públicamente sobre la propuesta de Hacienda. "Las Entidades Locales somos la Administración más cercana a los ciudadanos y a la que acuden éstos en primer lugar, y resulta que es la que peor financiada está", señaló.

En su opinión, no es de recibo que el Gobierno esté negociando una mejora de la financiación para las comunidades autónomas mientras a los ayuntamientos les recorta los fondos.

El ministerio que dirige Pedro Solbes admite que, con motivo de la crisis económica y el bajón de ingresos, la "entrega a cuenta" (el grueso de la aportación estatal) prevista para los ayuntamientos bajará en 2009 por primera vez, pero sostiene que el fondo global no se recorta sino que aumenta, porque a esa partida hay que sumarle los atrasos que les debe de 2007. Una explicación que no convence a la comisión de Hacienda de la FEMP.

Tampoco convence a IU, cuyo coordinador general, Gaspar Llamazares, pidió ayer que Solbes comparezca en el Congreso para explicar la medida. El recorte presupuestario, según Llamazares, "provocaría una asfixia económica de la mayoría de los municipios, obligándoles a recortar plantillas, paralizar obras y disminuir servicios, con graves consecuencias para toda la sociedad". "Sería incoherente que el presidente del Gobierno descarte recortes sociales en su política económica pero al mismo tiempo obligue a los ayuntamientos a reducir por falta de recursos los servicios que prestan en políticas de infancia, juventud, igualdad, sanidad, mayores, deportes, transporte, vivienda o empleo. Las políticas no se hacen en el aire, se ejercen en las ciudades", subrayó.

El problema se agrava, sostiene el coordinador de Izquierda Unida, porque "los ayuntamientos atraviesan una situación de alto riesgo". "La crisis del ladrillo y el frenazo económico han secado los recursos municipales. La financiación local es una olla a presión, las arcas municipales están vacías y el Gobierno todavía no ha cumplido su compromiso de avanzar hacia un nuevo modelo".